Un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado al sumario de la Gürtel y que permanecía secreto hasta ahora aporta un dato revelador sobre la potencia de la red corrupta y el carácter simbiótico de su relación con distintas administraciones regidas por el PP. Basándose en la contabilidad interna de la trama y en los documentos hallados en los registros, el informe cifra en 12,3 millones de euros los sobornos pagados entre 1999 y 2007. Buena parte del dinero fue a parar a políticos del PP identificados en el sumario con nombres y apellidos. Pero otra porción tuvo por beneficiarios a personas o entidades 'desconocidas'.

El circuito funcionaba con el esquema clásico: la red recibía comisiones ilegales de quienes buscaban la obtención de un contrato público. Como conseguidores, Correa y los suyos mediaban de manera decisiva. Y destinaban un porcentaje de cada comisión a sobornar a los responsables directos de la adjudicación del contrato o a cargos políticos con capacidad de influencia.

Entre 1999 y 2001, la trama obtuvo 4,4 millones en comisiones ilegales

Durante el periodo analizado por el informe, los nueve años comprendidos entre 1999 y 2007, la red captó 27 millones de euros en comisiones ilegales. Hacienda avisa de que ese cálculo de ingresos está hecho a la baja, dado que la trama no siempre anotaba las entregas recibidas. Pero, aun tratándose de una estimación conservadora, resulta exorbitante: 27 millones de euros equivalen a 4.500 millones de las antiguas pesetas. Es decir, equivalen al presupuesto anual del ayuntamiento de una localidad próspera con 35.000 habitantes.

El informe no ofrece dudas sobre por qué se pagaban a la red las citadas comisiones: 'La razón principal de la realización de las entregas (...) es la obtención de contratos con diversas Administraciones Públicas'. Entre los principales pagadores de comisiones, la ONIF cita a directivos de FCC, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica. El informe sugiere que también Isolux pagó. Aunque sus autores carecen de datos concluyentes para afirmarlo de manera tajante, recuerdan los vínculos de esta empresa con el grupo de Correa, especialmente a través de su participación en la sociedad Real Estate Equity Portfolio.

El informe recalca que todas las empresas citadas en el anterior párrafo 'han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León'.

Lograr contratos de administraciones del PP era la meta de quienes pagaban

Fechado el 30 de julio de 2009, cuando la investigación estaba aún en su primera fase, el estudio de Hacienda divide los nueve años analizados en tres trienios: 1999-2001, 2002-2004 y 2005-2007. El periodo más boyante tanto para el grupo de Correa como para sus políticos afines fue, sin duda, el segundo: entre 2002 y 2004, la trama recibió 26 entregas de comisiones que sumaron 14,1 millones de euros, de los cuales repartió entre políticos 7,7 milones. En el primer trienio estudiado por Hacienda, la red captó 4,4 millones en comisiones y distribuyó sobornos por 1,2 millones.

Y entre 2005 y 2007, logró 8,1 millones, de los que destinó 3,2 para premiar a quienes desde el poder orientaban concursos y contratos a dedo en favor de las empresas patrocinadas por la Gürtel. Al desgranar los datos sobre ese último trienio, los expertos de Hacienda hacen una acotación importante: la tabla de ingresos computados por el informe no incluye 'entradas en efectivo que pudieran corresponder a ingresos no declarados fiscalmente o gastos ficticios cuyo pago se simula'.

'Sólo se han incluido prosigue el texto entregas que pudieran corresponder a gestiones de intermediación ante autoridades públicas'. En resumen, el estudio ni siquiera aborda todo el dinero negro que manejó la trama sino sólo aquel que captó mediante comisiones ilegales y destinó luego a un doble objetivo: nutrir sus arcas y pagar sobornos.

El informe señala de nuevo como sobornados habituales al grupo de imputados del PP de Madrid: los alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Ginés Rodríguez y Jesús Sepúlveda; el ex consejero y diputado autonómico Alberto López Viejo y sus compañeros de escaño Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y, también, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado al Congreso Jesús Merino y el ex eurodiputado Gerardo Galeote.

En los siguientes tres años, sus ingresos por esa vía llegaron a 14 millones 

Hacienda destapa un dato ignorado hasta la fecha: que Jesús Sepúlveda, ex alcalde del rico municipio de Pozuelo de Alarcón, habría cobrado 'una asignación mensual fija' de la red corrupta 'durante un periodo dilatado de tiempo'. Sólo en 2002, Sepúlveda recibió por ese sistema 51.000 euros. Durante el primer semestre del año, los pagos ascendieron a 3.000 euros. Los números de la contabilidad oculta de la trama sugieren que Sepúlveda cobró incluso una paga extra de 6.000 euros en julio. Y a partir de ahí, se instaló en los 6.000 euros. Sepúlveda trabaja ahora para el PP desde la sede central de la madrileña calle Génova.

También el ex eurodiputado Gerardo Galeote estaba a sueldo de la red, según los documentos internos utilizados por Hacienda para el informe. A partir de octubre de 2000, cobró cada mes una cantidad fija. Primero recibía 1.500 euros. Luego, y al igual que le ocurrió a Sepúlveda, su sueldo se dobló. Galeote no está imputado. Y también él trabaja en la sede central del PP como asesor de Mariano Rajoy.

El estudio de Hacienda no cuantifica el daño infligido a las administraciones cuyos rectores cometieron cohecho. Cifrar el perjuicio que sufrieron las arcas públicas resulta casi imposible. Pero ese daño existió, dado que aquellos contratos en cuya tramitación medió la red de Correa no se otorgaron a la oferta más favorable para el interés común sino a la de quienes estaban dispuestos a pagar sobornos.