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Los trámites para abortar se alargan hasta tres semanas

Las clínicas acreditadas denuncian retrasos, sobre todo en Catalunya y Madrid

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Las mujeres que abortan en Catalunya y Madrid son las que más tiempo esperan a que la administración gestione su intervención y así esta sea gratuita. La espera oscila entre dos y tres semanas, denunció ayer la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). En cambio, en Euskadi, País Valencià, Murcia y Galicia, el proceso se resuelve en una semana.

'Cuando una mujer toma la decisión de abortar, necesita pasar página cuanto antes', insistió la vicepresidenta de Acai, Francisca García. Por ello, un 30% de ellas opta por pagar la intervención. No obstante, este dato tiene una lectura positiva y es que el 60% de los abortos son sufragados por las autonomías. Hasta ahora, esta proporción era del 29%.

Un 30% de las mujeres opta por pagar de su bolsillo la intervención

Mientras en Asturias y Andalucía basta con mostrar la tarjeta sanitaria para que se gestione el aborto, en Madrid las mujeres son derivadas a un centro que tramita sus peticiones. Aunque recientemente incrementaron la plantilla, no dan a basto para resolver todos los expedientes. En la Consejería de Sanidad dicen que cumplen 'escrupulosamente' la ley.

Acai también insistió en que sólo Andalucía tiene un concierto con las clínicas, lo que agiliza los trámites. En cambio, en Catalunya, las mujeres deben adelantar el pago de la intervención. Fuentes de la Conselleria de Salut aclararon que esta situación es 'transitoria' y finalizará 'en cuanto se acredite que todos los centros cumplen los requisitos'.

Sólo Andalucía tiene conciertos económicos previos con los centros

Por su parte, en Navarra, Ceuta, Melilla y la provincia de León no se hacen abortos y derivan a las mujeres a otras autonomías.

El hecho de que tener que avanzar el dinero no sólo perjudica a quienes tienen menos recursos (un aborto en las primeras 14 semanas de gestación cuesta unos 300 euros), sino que también supone que el expediente de cada intervención, necesariamente confidencial, incluya los datos de la cuenta bancaria de la mujer 'o de quien ella quiera', insisten en la conselleria.

Acai trasladó estas denuncias al Ministerio de Sanidad en una reunión el martes pasado. La asociación reclama que el Gobierno central no se escude en que las competencias están transferidas y vele para que la ley se aplique en todos los territorios. El Ministerio no concreta si aprobará nuevas disposiciones capacidad que le otorga la Ley del Aborto para apretar las tuercas a las autonomías infractoras: 'Estamos comprometidos con la mejor aplicación posible de la ley y por eso trabajamos para asegurar que cualquier cuestión que se pueda suscitar pueda tener respuesta desde las instituciones'.