El pasado viernes, el líder del PP calló cuando en una jornada del Círculo de Economía uno de los asistentes le preguntó por qué comunidades como el País Valencià, gobernada por su partido, pagan a sus proveedores sanitarios con un retraso de más de 600 días. Se trata de una cifra que días antes había alarmado al propio Mariano Rajoy , en plena ofensiva de búsqueda de datos para sacar los colores a los socialistas tras el 22-M.

Pero el País Valencià no es la única comunidad en manos de los conservadores que se ubica en el top ten de las regiones morosas con las farmacéuticas. Pese a la insistencia del PP en colocar a las regiones socialistas a la cabeza de la deuda, el escenario que ofrecen los datos es otro.

Castilla-La Mancha paga con una demora media de 451 días

Según un informe hecho público ayer por Farmaindustria la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, cinco comunidades autónomas superan en 600 días la demora en el pago por suministro de medicamentos a hospitales. De estas, tres están gobernadas por el PP. Son Castilla y León (725 días), País Valencià (633) y Murcia (605). En todas ellas, la derecha lleva más de 15 años gobernando. Y son cifras muy superiores a las de Castilla-La Mancha, atacada con dureza por el PP, que paga con una demora media de 451 días.

En el extremo opuesto, aparecen Navarra (42 días), País Vasco (87) y Extremadura (159). Según el citado informe, con datos provisionales a 31 de marzo de 2011, la demora media de pago en España es de 410 días.

Navarra, País Vasco y Extremadura son las que menos se retrasan

El mismo panorama se presenta para los conservadores si se calcula la deuda per cápita de sus regiones en el suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud. Entre las cinco comunidades autónomas que más deben a los centros sanitarios en función de su población vuelven a estar Castilla y León (195,7 euros per cápita), País Valencià (187,3) y Murcia (172,1).

Pese a que estos datos dejan en evidencia a feudos tradicionales del PP, el partido de Rajoy lleva desde el día después de las elecciones alertando del mal estado de las cuentas públicas que van a encontrarse en las comunidades en las que van a entrar a gobernar. En la mayor parte de las ocasiones estas acusaciones se han realizado sin aportar prueba alguna.

Es el caso de Castilla-La Mancha, donde gobernará la número dos conservadora, María Dolores de Cospedal. Hace una semana, Vicente Tirado, secretario general del PP manchego, sostuvo que la comunidad está en 'quiebra total'. Una acusación que lanzó sin pruebas.

Dijo esto apenas 24 horas después de que su partido formulase una petición oficial de información al Gobierno saliente, lo que no fue inconveniente para que concluyese que iba a ser muy difícil pagar la nómina a los 70.000 empleados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para intentar poner fin al alarmismo del PP, la responsable de Economía, María Luisa Araújo, aseguró este martes que, a finales del mes de abril, la Junta debía a sus proveedores 416 millones de euros. Es una cifra muy por debajo de lo que sólo en medicamentos a hospitales deben algunas comunidades del PP. Por ejemplo, el País Valencià debe 957 y Madrid, 700.