El mapa del tesoro que ha dibujado el PP frente a la crisis del Tribunal Constitucional, en el que el cofre de la recompensa es una influencia total sobre el máximo garante de la Constitución, tiene en el transcurso del tiempo a su mejor aliado.

En este combate a la paciencia, los socialistas rechazan cualquier ofensiva de desbloqueo que no pase por el acuerdo. La mayoría cualificada que exige la Constitución para renovar el TC ha permitido al PP atrincherarse a la espera de nuevos tiempos en los que puedan ampliar su peso en un Tribunal que han convertido en una tercera cámara donde ventilar sus discrepancias contra las iniciativas más emblemáticas de la legislatura.

Ante esta situación, ¿cómo sortear el problema? Caben tres actitudes: esperar, algo que en tres años no ha resuelto la situación, reformar la ley que regula el TC como reclaman todos los partidos del Congreso menos los dos mayoritarios o invitar a los magistrados del Constitucional a dimitir en cantidad suficiente como para provocar la asfixia de la institución por falta de quórum para tomar decisiones.

La ventaja del PP

¿Puede aplazarse la renovación del TC sine die? Sí, admite el PSOE con cierta irritación. Dos no discuten si uno no quiere, pero tampoco pueden abrazar un acuerdo. En esta actitud ha perseverado el PP con éxito, garantizándose una influencia que no le corresponde y que pretende poner a prueba de nuevo con el recurso planteado contra la Ley del Aborto. 'Creo que todos estamos demandando algún mecanismo que impida que esto se repita', señala un portavoz socialista en materia de Justicia ante el rechazo del PP a cualquier consenso.

El Gobierno no quiere

Ese mecanismo requeriría reformas a las que el Gobierno se ha cerrado totalmente. El PSOE y el PP las descartan tajantemente como dejaron claro en la Cámara Baja el pasado mes de marzo al rechazar las propuestas en este sentido promovidas por CiU y ERC.

La sentencia del Estatut era entonces una incógnita, y las dos formaciones catalanas llevaron al Congreso dos iniciativas paralelas que chocaron contra el doble muro de conservadores y socialistas. Nacionalistas y republicanos proponían, entre otras modificaciones, que los magistrados del Constitucional que concluyan su mandato continúen en el cargo, en funciones, un máximo de seis meses y sin capacidad para adoptar acuerdos. Con la Constitución en la mano, el PSOE no admite esta propuesta, 'que no soluciona la clave de la que el PP intenta sacar ventaja: la necesidad de una amplísima mayoría para renovar el TC'.

Opción descartada

La dimisión de aquellos magistrados que responden al perfil progresista, invitados sutilmente por el PSOE, acabaría con su actual composición. El TC tendría que echar temporalmente el cierre por falta de quórum y no podría adoptar decisión alguna, pero los miembros del Constitucional rechazan esta posibilidad tanto como los partidos mayoritarios, que creen que trasladaría una imagen nefasta para el Tribunal.