El Tribunal de Cuentas investigará el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía. Tras estudiar la documentación que puso a su disposición el PP, en una denuncia que presentó a principios de mayo, ha decidido nombrar un instructor al detectar indicios de 'perjuicios a los fondos públicos autonómicos'. El consejero de Cuentas Javier Medina concreta además que los hechos puestos de manifiesto por el PP permiten apreciar 'indicios de la existencia de transferencias, subvenciones y pagos contrarios a las leyes, sin contrapartida ni convocatoria pública adecuadas'. El letrado de la Junta y la Fiscalía se mostraron de acuerdo en que el Tribunal entrase a investigar el fraude en los ERE.

La Junta de Andalucía creó en 2001 un fondo para ayudas sociolaborales, que estuvo dotado hasta 2010 con 647 millones de euros. Esta partida fue calificada en un interrogatorio policial por el responsable de su gasto, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, como 'fondo de reptiles', aunque luego se retractó y lo calificó de 'fondo para apuros'. Utilizando este dinero, se pagaron, a través del ERE, al menos nueve millones de euros a 72 personas que jamás habían trabajado en las empresas acogidas a los expedientes. Entre ellas, están la suegra de Guerrero y cuñados y amigos de otros dirigentes socialistas.

El Tribunal aprecia 'transferencias y pagos contrarios a las leyes'

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que distribuyó ayer la decisión del Tribunal de Cuentas, afirma además que ese fondo, destinado en principio a ayudas sociolaborales para empresas en crisis, se utilizó también 'para dar ayudas a ayuntamientos del PSOE o a empresas amigas del PSOE, para pagar campañas de publicidad de la Junta o para comprar medios de comunicación afines al PSOE, todo ellos, sin control, publicidad ni norma'.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga desde hace meses, por un lado, una trama de desvío de fondos a falsos prejubilados afines al PSOE y, por otro, una posible prevaricación y malversación de caudales de miembros del Gobierno andaluz, al haberse concedido las subvenciones con una 'falta total y absoluta' del procedimiento establecido al efecto. A esta investigación se une ahora la del Tribunal de Cuentas, que considera 'conveniente acometer una investigación de los hechos [denunciados por el PP]'. Por el momento, además de Guerrero y los intrusos, está imputado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

El letrado de la Junta de Andalucía estuvo a favor de la investigación

El consejero de Cuentas, Javier Medina, relata que los hechos denunciados por el PP le llevan a tomar la decisión de proponer que se designe un instructor que investigue si se pudo cometer una malversación de fondos públicos. 'De acuerdo con la argumentación [del PP], [la Junta] estableció un sistema de ayudas a empresas en crisis para evitar los procedimientos administrativos y limitaciones legales aplicables a las ayudas, lo que acabó en un uso fraudulento de esos fondos', escribe Medina.

Añade el consejero de cuentas: 'El escrito [del PP] describe muy detalladamente que, anualmente, entre 2001 y 2009, se incorporaron partidas a los presupuestos de la Consejería de Empleo para que fueran transferidas, a través de la dirección de trabajo, al Instituto de Fomento de Andalucía. [Después], por esta entidad se otorgaron estos fondos como ayudas a empresas en crisis sin la publicidad y concurrencia adecuadas'.