El Tribunal de Cuentas hizo público ayer el informe de fiscalización de las cuentas de los partidos que concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo en 2009, con una recomendación: 'Establecer una regulación específica' sobre la utilización de medios públicos 'para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales'.

La polémica sobre el uso de los coches y aviones oficiales por parte de los miembros del Gobierno es recu entrrente, pero se endureció en 2009. ¿Por qué utilizó José Luis Rodríguez Zapatero el Falcon 900 para ir a mítines del PSOE durante las campaña europea?, denunciaba el PP hace un año. ¿Y Mariano Rajoy, cuando era vicepresidente, para acudir a un acto electoral en 2003? contraatacaba el PSOE. El resto de formaciones políticas también entran en la disputa. La respuesta de los dos principales partidos siempre alude a temas de seguridad de los miembros del Ejecutivo para explicar el uso de medios oficiales en los desplazamientos en campaña. Una cuestión que también ha salpicado a representantes de la administración autonómica y local.

El Tribunal estima necesaria esa regulación para, según explica el documento, 'despejar posibles incertidumbre que se pudieran suscitar desde la perspectiva del control sobre este tipo de costes'. El uso de un avión militar para los viajes de Zapatero fue objeto de numerosas denuncias en la campaña de las europeas. Y en el horizonte ya planean las elecciones en Catalunya para este otoño y las municipales en 2011. El máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos políticos recuerda en el documento que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, sin que esté regulado el sistema de imputación de otros costes a las campañas electorales. En concreto, resalta el informe 'los desplazamientos que puedan coincidir, además con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral'.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, defendió ayer el uso de un avión militar para los desplazamientos de Rodríguez Zapatero en campaña porque 'tiene unas exigencias indudables en materia de seguridad y representatividad de su propio país que le conducen a utilizar medios oficiales de transporte cuando tiene que hacerlo, como hace cualquier otro mandatario europeo'. Un argumento que los socialistas han esgrimido en cada rifirrafe político a cuenta de los viajes del presidente, pero también de los de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Por su parte, el PP evitó pronunciarse sobre el informe del Tribunal de Cuentas y su recomendación al no haber tenido oportunidad de ver el documento. La posición de la formación, sin embargo, quedó patente hace un año. En junio de 2009, con las elecciones europeas de fondo, la portavoza conservadora Soraya Sáenz de Santamaría presentó una proposición no ley en el Congreso en la que instaba al Gobierno a elaborar 'a la mayor brevedad, un régimen jurídico completo sobre el uso de aviones militares para fines exclusivamente privados o partidistas' del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado. El PP solicitaba también la creación de 'un mecanismo de reembolso' del coste de esos viajes al Estado.

Algunas formaciones como ERC ven con buenos ojos la recomendación del Tribunal de Cuentas. Su portavoz en el Congreso, Joan Ridao, ve 'positivo' que esta institución 'pida regular el uso de los medios públicos de transporte, como ya se aprobó en el Congreso a instancia de Esquerra'. En junio de 2009, la Cámara Baja aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno a regular la utilización de los medios públicos de los miembros del Ejecutivo tanto en la actividad pública como en la privada. En esta línea se pronunciaron también desde Convergencia i Unió, si bien tratarán esta cuestión en la reunión de grupo que celebra hoy.

Sin una posición definida, en el PNV admiten que se abra el debate, 'si hay que abrirlo', pero haciendo una reflexión pausada. Por eso apelan a la seguridad y 'su responsabilidad, que es la de presidente del Gobierno hasta el día de las elecciones'. A Rodríguez Zapatero, señalan, si ocurre algo le van a pedir responsabilidades de presidente. Los nacionalistas vascos resaltan que 'la línea entre secretario general y presidente es muy fina, a diferencia del PNV. 'No tenemos ese problema por la bicefalia'.

Desde Izquierda Unida, piden que se extreme el cuidado en 'deslindar los actos de partido de los de representación como jefe del ejecutivo' para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar esos gastos. En IU ya apuntan a las próximas elecciones municipales .