Los funcionarios de la administración de justicia de Galicia rechazaron ayer, con un 53% de los votos, la última propuesta de la Xunta para poner fin a la huelga que mantiene paralizados los juzgados y registros gallegos desde hace más de 80 días.

La decisión supone un varapalo para los cuatro sindicatos que llegaron a un principio de acuerdo con el Ejecutivo autonómico –UGT, CC.OO., USO y CSIF-, pero también para el vicepresidente de la Xunta y delfín de Feijóo, Alfonso Rueda, quien se ha negado a dialogar en persona con ellos mientras duren los paros y quien aseguró hace semanas que su oferta era la única sobre la que se podía negociar. Rueda también había enrocado su posición instando a que la oferta de su departamento fuera votada por los funcionarios.

El pasado jueves, cuatro de las siete centrales que componen el comité de huelga llegaron a un preacuerdo con la Xunta, que el resto calificaron de “traición”, que suponía aceptar la propuesta económica de la Administración autonómica con algunos cambios añadidos, como distribuir los descuentos por las jornadas en huelga durante el resto de nóminas que quedan por liquidar hasta fin de año.

Según fuentes sindicales, la oferta, votada en las asambleas de trabajadores tras broncos debates, fue rechazada por 836 votos contra 756. El no fue abrumador en Vigo y en Pontevedra y ampliamente mayoritario en Ferrol y en Lugo, mientras que el sí ganó holgadamente en A Coruña, Santiago y Ourense.

Reivindicaciones

Los funcionarios de los juzgados gallegos denuncian que están entre los peores pagados de España; algunos cobran hasta 500 euros de media menos que un compañero de su misma categoría destinado en el País Vasco, la comunidad que mejor los remunera.

Convocaron la huelga tras varios meses reclamando a la Xunta que compensara la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron por los recortes y congelaciones salariales durante los años de crisis económica, ante el discurso de Alberto Núñez Feijóo de que la recuperación ya ha había llegado.

Tras rebajar notablemente sus aspiraciones, reclaman ahora una subida media de 180 euros mensuales en el complemento autonómico transitorio (CAT) que la Xunta financia en sus nóminas, que abona el Ministerio de Justicia. Pero el Ejecutivo de Feijóo sólo está dispuesto a afrontar una subida de 130 euros, que además no se haría efectiva hasta dentro de tres años pues se iría con subidas escalonadas. Además, los trabajadores reclaman más dotación de medios materiales y humanos para resolver los colapsos que sufre la justicia gallega, que según el Consejo General del Poder Judicial está entre las que registra mayores retrasos de todo el país.

Victoria importante

“Esta es una victoria importante de los trabajadores y las trabajadoras y una lección de dignidad para las cuatro organizaciones sindicales que firmaron ese preacuerdo de la vergüenza y que dejaron tirado a todo el personal que lleva más de dos meses peleando por sus derechos”, dijo ayer Xesús H. Sánchez, secretario nacional de Xustiza de la Confederación Intersindical Galega (CIG). Junto a la CIG, se desmarcaron del preacuerdo el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

A cada trabajador que secunda la huelga —alrededor de mil de una nómina de más de 2.500 personas— se le descuentan una media de 60 euros al día, lo que significa que la plantilla ya ha perdido más de 4,5 millones de euros en salarios, que a su vez se han ahorrado la Xunta y el Ministerio de Justicia. Y eso sin contar la parte proporcional de las pagas extras.

De hecho, las fuentes sindicales citadas aseguran que la Xunta ya habría acumulado los fondos necesarios para hacer frente a sus demandas.

La negativa de los funcionarios a suscribir la propuesta de Rueda pone de nuevo en aprietos al vicepresidente y también conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Rueda está recibiendo muchas presiones de otros sectores profesionales que se están viendo muy afectados por la huelga, como los abogados, procuradores y agentes judiciales, que se han quedado sin carga de trabajo, y también de bancos y empresas cuya actividad se está viendo afectada por los paros. Pero de momento sigue contando con el pleno respaldo de Feijóo, que hasta ahora ha avalado su estrategia de intentar agotar a los trabajadores y de volcar sobre ellos la responsabilidad de los efectos que la huelga está teniendo sobre la ciudadanía.

Parálisis judicial

Desde que la iniciaron se han suspendido más de 20.000 juicios e infinidad de trámites judiciales. Los registros también se encuentran paralizados, lo que impide a miles de viudas y viudos tramitar sus pensiones dado que no se expiden certificados de defunción. Tampoco de nacimiento, lo que deja a los recién nacidos durante la huelga en un limbo legal.

Algunos colegios de abogados, como el de A Coruña, han empezado a adelantar a los letrados de oficio las minutas que llevan sin cobrar desde septiembre del año pasado, y que la Xunta liquida por trimestres. Decenas de trabajadores afectados por despidos nulos o improcedentes tampoco pueden recibir la indemnización que les correspondería si los jueces atendieran sus demandas, ni tramitar sus subsidios de desempleo.

Según ha podido saber Público, algunos magistrados se han visto por primera vez en toda su carrera profesional sin sentencias que redactar. Pero auguran que los juicios que se han visto suspendido podrían sufrir ahora retrasos de más de un año.