La defensa del juez Baltasar Garzón, que en la causa de los crímenes del franquismo ejerce Gonzalo Martínez-Fresneda, dedicó la sesión del pasado martes a desgranar los puntos más débiles de la instrucción que realizó el magistrado Luciano Varela. El objetivo estaba claro: que el segundo juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacionalno continúe celebrándose.

¿Cómo? Con la estimación de cualquiera de las cuestiones previas planteadas por la defensa, que contaron con el apoyo de nada menos que un fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Luis Navajas afirmó que, 'en 36 años de experiencia', nunca se había encontrado con una resolución semejante a la que dictó Varela dando una segunda oportunidad a las acusaciones para que corrigieran sus escritos de calificación. El instructor les dio indicaciones precisas sobre qué debían retirar; el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias retiró43 páginas de su texto inicial.

El definitivo tampoco era exactamente suyo, porque, según defensa y Fiscalía, fue 'un corta y pega' de un auto con el que el propio magistrado había resuelto un recurso de la defensa. No tendría por qué haber habido más problema, si no fuera porque esa resolución se produjo en la fase de instrucción y sus afirmaciones estaban formuladas con 'carácter indiciario', no con el tono tajante que se supone a un escrito de calificación.

Por eso, aunque no se entendiese que Varela se extralimitó al dar indicaciones a las acusaciones (si se cree que fue así, habría que anular todas las actuaciones desde que se dictó el auto), los escritos de calificación seguirían siendo inválidos para juzgar a Garzón.

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz de Infante, afirmó en la vista que en el caso AVE la defensa argumentó lo mismo y el tribunal sí consideró suficientes los escritos. Eso sí, omitió que la mayoría de los acusados resultaron absueltos.

Pero en el caso de que el tribunal que preside Carlos Granados rechace ambas cuestiones previas y avale, como ya hizo la Sala de lo Penal, la instrucción de Varela, todavía habría una posibilidad para que el juicio no continuase. Sería con la doctrina Botín, que libró al presidente del Banco Santander del banquillo de los acusados, al declarar el propio Alto Tribunal que las acusaciones populares no bastan para abrir juicio oral en el procedimiento abreviado.

Determinar el tipo de delito que es la prevaricación, para establecer si causó perjudicados que pudieran haberse personado y han renunciado a hacerlo, será crucial para que el Supremo resuelva esta cuestión previa según el criterio que siguió con Botín o con el que luego limitó la doctrina para condenar a Juan Maria Atutxa.