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El TSJ de Madrid juzgará a la número dos de Tomás Gómez

Rollán está imputada por prevaricación por una concesión cuando era regidora de Torrejón

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La secretaria de organización de los socialistas madrileños, Trinidad Rollán, se sentará en el banquillo de los acusados en la vista que celebrará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), entre los días 14 y 17 de este mes, por el supuesto caso de prevaricación en el que incurrió el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) cuando ella era alcaldesa, en 2001.

El 26 de noviembre de ese año, el pleno de la localidad aprobó un convenio urbanístico con la entidad Patrimonio Siglo XXI por más de tres millones de euros. La corporación, formada entonces por el PSOE y por el Partido Demócrata Español, dio su visto bueno al acuerdo ateniéndose a un informe jurídico favorable, pero rechazando otros dos que advertían de la 'patente ilegalidad' de dicho convenio.

Ante una posible comisión de delito, la Fiscalía de Madrid solicitó el pasado mes de abril la inhabilitación por ocho años tanto de Rollán como de los otros 13 miembros de la corporación, a quienes acusó de prevaricación administrativa. El juez instructor del caso, José Manuel Suárez Robledano, en un auto del pasado mes de julio asumió el punto de vista de la fiscalía y, ayer, fijó la fecha de celebración del juicio oral.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista de Torrejón expresó su deseo de que el juicio se celebre 'cuanto antes', y se mostró convencido de que 'se producirá una sentencia absolutoria para evitar por más tiempo la manipulación política que el PP está haciendo del tema'. El PSOE de la localidad avanzó que durante la vista 'se aportará un informe jurídico, de un catedrático de derecho, que prueba que el convenio jurídico estaba ajustado a la legalidad'.

A renglón seguido recuerdan que los ediles 'no están acusados ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente', sino que 'se trata de dirimir una posible prevaricación administrativa'. Y apuntan que el convenio permitió salvar 'la construcción de 107 viviendas de integración social y permitió llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas'.