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El TSJM devuelve el 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional

Correa y Crespo se niegan a declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha notificado este miércoles un decreto por el que devuelve formalmente el caso Gürtel a la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso del exsenador del PP Luis Bárcenas contra la inhibición en favor de ese órgano judicial.

En el decreto, que lleva la firma de la secretaria judicial de la sala civil y penal del TSJM y al que ha tenido acceso Efe, se declara firme el auto dictado por este tribunal el pasado 8 de junio por el que se acordaba la inhibición al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Pablo Ruz, 'por pérdida sobrevenida de competencia'.

Además, se acuerda 'suspender la causa en el estado en que se encuentra y remitir la misma' al Juzgado de Ruz 'previa elaboración de los listados oportunos de tomos, escritos y demás carpetas, folios, etc., de los que consta la misma'.

La pérdida de competencia del TSJM, donde el magistrado Antonio Pedreira ha instruido el caso desde finales de marzo de 2009, se debe a que, tras las elecciones autonómicas y locales celebradas el pasado 22 de mayo, los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en la causa, perdieron su condición de aforados.

Pedreira acordó entonces devolver el caso a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón había comenzado a instruirlo, y su decisión fue confirmada por la sala civil y penal del TSJM, pero Bárcenas se opuso a la misma y recurrió al Tribunal Supremo. El pasado lunes, el alto tribunal rechazó el recurso del exsenador del PP.

Por otro lado, Francisco Correa y Pablo Crespo se han negado a declarar ante el magistrado que instruye la Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el posible cobro de comisiones ilegales por una obra en León.

Ambos se han limitado a explicar a puerta cerrada ante el magistrado, una representante de la Fiscalía Anticorrupción y varios letrados de los imputados la razón de su negativa, amparada por el derecho a no declarar, al estar citados en calidad de imputados.