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La UDEF al PP: "Investigamos delitos, no a personas"

Los policías de la Unidad de Delincuencia Económica hacen su trabajo sin atender el "signo político" del sospechoso. El 80% de los casos que siguen no son de corrupción. 

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'Mira, tenemos la máquina aquí', dice un joven inspector mientras hace amago de abrir un pequeño armario metálico. Allí se esconde, cuenta con sorna, el ingenio con el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía fabrica pruebas. El protagonista de la ironía rebasa en poco los 30, es jefe de grupo y no tiene despacho. Comparte habitáculo con cuatro de sus subordinados, tres de ellos mujeres, todos licenciados universitarios, en un vetusto edificio del complejo policial de Canillas. Es allí donde anida, según Francisco Álvarez-Cascos, 'una camarilla' dedicada a falsear evidencias contra políticos del PP.

Por primera vez desde que estallara en febrero de 2009 el caso Gürtel, los policías encargados de la investigación responden a las críticas lanzadas contra ellos por el partido de Mariano Rajoy. 'Aquí se investigan delitos, no a personas', declara a Público uno de los máximos responsables de la unidad. Creada en noviembre de 2005, la UDEF supuso un vuelco en la forma de combatir el crimen organizado, incluida la corrupción. Se agrupó a los agentes que trataban los delitos económicos y la Brigada se amplió hasta convertirse en una unidad que hoy ya cuenta con 300 policías.

Los agentes están en la treintena, son universitarios y hablan inglés

Bajo la máxima de que 'el delito genera dinero y el delincuente tiene que gastarlo o esconderlo', la nueva metodología implica investigar las empresas, el patrimonio, las cuentas bancarias... Hasta que aflora el delito. Persiguiendo el proceso para blanquear el dinero se puede llegar a su origen, que puede ser el cohecho o el tráfico de influencias, pero que en la mayoría de los casos tiene que ver con el narcotráfico o la prostitución. De hecho, el 80% de los delitos que investigan en la UDEF no son de cuello duro.

Los jefes de los grupos de la UDEF que se dedican a perseguir el dinero de peligrosos traficantes o de mafiosos de la Europa del Este se quejan de que las únicas operaciones destacadas por los medios son aquellas en las que hay de por medio un político. En el método de trabajo no hay diferencia con sus compañeros dedicados a la corrupción: todos pasan interminables horas enterrados en documentos del registro de la propiedad o del mercantil.

El levantamiento del secreto del sumario es su réplica a los ataques

'El investigador de delitos económico es diferente. Es muy duro pasar el día entre papeles. No hay una actividad de detención continua, pero cuando actuamos, actuamos con contundencia', presume uno de los jefes de la unidad. Con el mismo orgullo habla del perfil de sus agentes: licenciados en Derecho, Económicas o Empresariales y con un alto nivel de inglés. O de alemán, como el inspector que hace tres años puso nombre al caso Gürtel, correa' en lengua germana, y árbitro internacional de esgrima en su tiempo libre.

Los máximos responsables de la UDEF, policías con décadas de experiencia y tareas de responsabilidad durante los gobiernos de PSOE y PP, se rebelan contra las acusaciones de partidismo. 'Hemos investigado a personas de todos los signos políticos. Ahí está la operación Astapa'. El comisario que habla se refiere a la investigación contra una gran trama de corrupción urbanística, con más de 60 imputados, que tenía como epicentro el Ayuntamiento socialista de Estepona, en Málaga.

Del regidor, Antonio Barrientos, fueron publicadas en junio de 2008 fotografías en las que aparecía esposado y escoltado por agentes de la UDEF. Eran otros tiempos, aún no había explotado el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción vinculada al PP, aunque la investigación ya se encontraba avanzada.

Los casos siempre arrancan por una denuncia firmada ante la fiscalía

El pasado 6 de julio, los mismos agentes detuvieron a José Joaquín Ripoll, presidente del PP alicantino y de la diputación, y a otras diez personas en el marco de la operación Brugal. 'No hay ni una sola foto de Ripoll, ni de ninguno de los otros detenidos, esposado o conducido a comisaría', afirma otro responsable. 'Ninguno de los detenidos ha hablado mal de nosotros, de la policía. Ni políticos, ni empresarios', tercia otro. Un juez de Orihuela ha imputado a Ripoll por cinco delitos de corrupción.

Pero, ¿cómo se inicia una investigación por corrupción? Siempre por la denuncia de alguien, ya sean políticos que han ejercido muy cerca de los corruptos u otros que presuntamente han participado en sus manejos, como es el caso del edil José Luis Peña, que denunció la trama Gürtel y sigue imputado en la causa. 'Tiene que haber una denuncia escrita de alguien que luego debe ser confirmada en la fiscalía y en el juzgado. No valoramos los comentarios de barra de bar', explica uno de los comisarios.

A pesar de que los policías contra los delitos económicos ya habían participado en grandes operaciones como la de Gescartera o el caso Banesto, los jefes de la UDEF reconocen un antes y un después de la operación Malaya. La primera fase de esa investigación concluyó en marzo de 2006, dejando una ristra de famosos detenidos y un amplio eco mediático.

Los agentes defienden arrestos y registros para encontrar pruebas

La corrupción urbanística en torno a los ayuntamientos centraba en aquel entonces el trabajo de la UDEF en el terreno de la corrupción. Y lo sigue haciendo, extendiendo una sombra de sospecha sobre la política municipal. 'En cualquiera de estos casos hay cinco actores fijos: el alcalde, el concejal de Hacienda, el de Urbanismo, el gerente y el arquitecto municipal', explican los policías anticorrupción. A raíz de la operación Malaya, añaden, se produjo 'una lluvia de denuncias' que permitieron iniciar multitud de investigaciones.

El volumen del trabajo que desarrolla la UDEF queda en evidencia con las cifras que arrojó la unidad en junio: 426 operaciones abiertas, de las que 80 surgieron ese mes. En esas cuatro semanas fueron detenidas 175 personas. Pero la última avalancha de reproches se la llevaron los policías por los 11 detenidos de julio en Alicante. El PP volvió a hablar de 'operación política', denunció que los arrestos se produjeron sin orden judicial y cuestionaron, incluso, que fuera necesario haberlos practicado. 'Si vas ahora a los calabozos de los Juzgados de Plaza Castilla, o a cualquier otro de España, y encuentras al menos un 2% de detenidos por orden judicial, te pago una cena', reta al periodista uno de los policías.

¿Y los registros? ¿Eran necesarios? El comisario contesta con otra pregunta: '¿Qué pretenden? ¿Que les llamemos a declarar y les digamos: comparezca usted con los documentos que demuestran que ha cobrado por una concesión, por un delito?' Si los jueces hubieran accedido a firmar otras órdenes de registro, algunas investigaciones sobre relevantes políticos, aún en marcha, estarían mucho más avanzadas, se quejan los investigadores.

El pasado miércoles, la fiscalía consideró que hay indicio de delito en la afirmación de Álvarez-Cascos contra 'los policías que se dedican a falsificar papeles y preconstituir pruebas'. El PP ha llegado a señalar a mandos policiales para que declaren ante los tribunales por supuestas 'filtraciones' a los medios de comunicación en el caso Gürtel. Los policías lo niegan y se ven obligados a callar, pero reconocen una sensación de alivio cuando el juez decide levantar el secreto del sumario y se conocen los manejos de algunos políticos que han estado clamando contra jueces, fiscales y policías mientras ha durado la investigación. Es el único derecho a réplica que les queda, aseguran.

'A nadie le gusta que hablen mal de él, sobre todo si son mentiras', dice un veterano comisario. Y finaliza advirtiendo: 'La unidad va a seguir trabajando con alto espíritu de motivación, sabiendo que las cosas están bien hechas'