Publicado: 22.11.2013 14:19 |Actualizado: 22.11.2013 14:19

UGT, dispuesta a renunciar a la gestión de la formación para el empleo

El secretario general del sindicato, Cándido Méndez, asegura que, ante las presuntas irregularidades en la utilización de esos fondos, renunciarían a la gestión y pide una reforma profunda" del sistema que lo reg

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UGT estaría duispuesto a dejar de gestionar parte de la formación para el empleo después de que se haya puesto en tela de juicio irregularidades sobre la utilización de los fondos destinados a este concepto. Así lo ha asegurado el secretario general de UGT, Cándido Méndez en una entrevista con Efe.

Méndez aboga por una "reforma profunda" del sistema y apuesta por "sacar con urgencia la ley de Transparencia con criterios claros y que nos obliguen a todos".

Méndez también emplaza a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo -compuesta por UGT, CCOO, CEOE y Cepyme y tutelada por la Administración- a que "clarifique" su funcionamiento y los recursos que gestiona ya que, de lo contrario, es obligada una reforma en toda regla.

Ante este llamamiento, la Dirección de Gerencia de la Fundación tripartita -que tiende por objeto extender el acceso de trabajadores y desempleados a una formación de calidad- ha hecho público un comunicado en el que defiende que su gestión se ajusta "estrictamente" al cumplimiento de la ley si bien "admite la existencia de casos de fraude y mala praxis".

La Fundación Tripartita gestionó en 2013 un total de 930 millones de euros. De este dinero destinó, sólo para planes de formación, 756 millones.

Méndez insiste en que el sindicato que lidera está dispuesto "a renunciar a la gestión directa de la formación" para que la realicen y desarrollen, en su caso, las entidades acreditadas.

También quiere dejar claro que es necesario que la Fundación dé a conocer "cómo se solicitan las ayudas, qué requisitos tienen que cumplir los solicitantes, cómo se controlan, de qué forma se justifican y cuáles son los límites".

Además, Méndez subraya que a lo que no puede renunciar el sindicato es a la formación vinculada a la negociación colectiva, que es un derecho de los trabajadores.

En relación al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), propiedad de UGT y encargado de dar formación a trabajadores y parados, Méndez insiste en la transparencia de sus cuentas que "son de dominio público y tienen publicidad absoluta".

No obstante, Méndez reconoce que esto no ha evitado que se haya hecho "una manipulación de las cuentas y una publicidad con la que no tenemos ninguna coincidencia".

De forma global, también recalca que los fondos públicos en España están sometidos a un escrutinio permanente. "Hay un control de los fondos, a veces se proyecta que hay un descontrol y cualquier entidad puede utilizarlos como le convenga, pero no es así", dice.

Méndez insiste en calificar de "intachable y transparente" la actividad del sindicato que dirige y enmarca la reciente denuncia de Manos Limpias ante la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades del IFES en un "juicio mediático y un ataque al movimiento sindical".

El sectretario general también ha dicho que "hay que justificar hasta el último céntimo" y aclarar la participación del sindicato en el supuesto desvío de fondos de formación de parados de la Junta de Andalucía y la elaboración de facturas falsas para justificar los gastos.

Méndez ha calificado como "incomprensible" la factura -que ya se devolvió- con la que se cargó a la Junta y a fondos para mujeres discriminadas los gastos de la caseta del sindicato en Feria de Abril, y ha reiterado la necesidad de "justificar hasta el último céntimo".

En cuanto al otro procedimiento judicial abierto en Andalucía, por los supuestos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en los que la jueza Mercedes Alaya ha decretado la responsabilidad subsidiaria de UGT, Méndez ha manifestado la necesidad de "aclarar que esos recursos económicos" obtenidos por el sindicato "corresponden a trabajos en defensa de los trabajadores afectados".

En concreto, ha asegurado que estos ERE supusieron la prejubilación de casi 6.000 trabajadores y la búsqueda de una alternativa para más de 20.000 que no tenían aún la edad requerida y que han optado así a una "indemnización mínimamente adecuada".

"Eso es lo que nos corresponde por hacer en un ERE", ha dicho Méndez, al tiempo que ha asegurado que el sindicato quiere acreditar que ha actuado "debidamente".

"No hay confabulación, trama o percepción ilícita o irregular en las que hayan podido tener que ver tanto empresas técnicas vinculadas al sindicato como los propios sindicatos", ha constatado.