El Gobierno catalán está decidido a implantar un nuevo modelo en sus universidades públicas. Pero lo que en tiempos de bonanza hubiera ido acompañado de una inyección millonaria de recursos públicos, en esta ocasión se iniciará con un recorte presupuestario de 144 millones de euros este año y el objetivo de reducir en los próximos cursos la partida destinada a nóminas de profesores, que deberá pasar del 112% actual que representa respecto a las subvenciones de la Generalitat al 90% que marca la ley.

El argumento general del recorte laboral es que en ocho años ha caído un 5,9% el volumen de estudiantes, mientras que la estructura de personal no paraba de crecer. Hay margen de maniobra, vino a decir ayer el secretario de Universitats, Antoni Castellà. El resultado será que la mitad de las 2.500 jubilaciones de profesores que se han de producir en los próximos diez años no se cubran. Se da por finiquitado así el esquema de un profesor por cada diez alumnos, objetivo que se había logrado en los últimos ocho años a fuerza de ir acumulando profesores en las plantillas universitarias.

La Generalitat impone un modelo con 144 millones menos

Además de más presión docente, los nuevos profesores se toparán con nuevas condiciones laborales. El Ejecutivo de CiU quiere acabar con la categoría funcionarial de los docentes universitarios y generalizar entre las nuevas incorporaciones la contratación ordinaria, que se decidiría 'por criterios de excelencia internacional', según afirmó Castellà. La de los profesores asociados será otra categoría que se verá afectada por las medidas: la Generalitat quiere que asuman la función de un profesor cuyo principal sustento no es la docencia.

El punto de partida de las nuevas líneas estratégicas que el Govern pretende implantar en las universidades catalanas lo notarán los alumnos cuando se matriculen para el próximo curso. Notarán que las tarifas de los créditos de sus asignaturas se encarecen un 7,6%. Es la máxima alza que permite el Ministerio de Educación, que todavía no ha ofrecido a las comunidades autónomas libertad para fijar los precios universitarios, como reclama Catalunya.

Así los estudiantes o sus familias tendrán que soportar entre 65 y 100 euros más por la matrícula, que, por primera vez, se podrá pagar en cuotas mensuales.

El incremento de tarifas del 7,6% financiará un nuevo sistema de becas

Y, también, como novedad, la Generalitat impulsará un sistema propio de becas, que irá en dos direcciones: una dirigida a aquellos estudiantes con un expediente académico excelente, que serán eximidos completamente del pago de la matrícula, y otra para aquellos con bajos ingresos y que igualmente se quedan fuera de las becas del Estado, que verán cubierto la mitad del coste. Castellà aprovechó ayer para volver a denunciar que el sistema de becas estatal castiga a los estudiantes catalanes, al tener sólo en cuenta el nivel de renta y no el alto coste de vida.

Estas últimas becas beberán de un fondo denominado Equitat, que podría estar dotado en su primer año con 1,3 millones de euros procedentes de una cuarta parte del incremento de tarifas. La instauración de este nuevo sistema de becados irá en paralelo a la demanda al Estado para que transfiera a la Generalitat los fondos estatales para becas que vayan destinadas a los estudiantes catalanes.

Las siete universidades catalanas han iniciado a partir de este curso un intenso trabajo de reducción de grados y de másteres. Estos últimos se han reducido ya un 10% y durante el próximo sufrirán un nuevo recorte del 20%.