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Valcárcel ya ve razones para acatar la ley

El presidente murciano dice que el PP no lo ha desautorizado

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El presidente autonómico de la Región de Murcia, el conservador Ramón Luis Valcárcel, ha necesitado dos días para entender algo tan simple como que las leyes están para cumplirlas. Si el lunes encabezó el boicot del PP a la nueva Ley del Aborto, al sostener: 'De momento no hay razones' para acatar la norma, ayer rectificó desde Bruselas: 'Pues no se hable más, se acata la ley'.

Valcárcel aseguró que nadie de su partido le había desautorizado por su llamada a la insumisión. 'Nadie de la dirección nacional del partido me ha llamado para decirme nada absolutamente, ni a favor ni en contra', insistió.

El líder del PP murciano justificó ayer su negativa inicial a aplicar la ley en que no sabía si por existir un recurso ante el Tribunal Constitucional había o no un 'efecto suspensivo' sobre la misma. En cuanto a su paso atrás, argumentó :'Una instancia jurídica como es el CGPJ nos ha dicho: No hay efecto suspensivo'.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se expresó en esos términos el martes antes de asistir a un curso de verano de la Univeridad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid). Bravo también dijo que 'lo normal' es que se cumpla la normativa vigente desde el primer día.

Válcarcel afirmó que la ley permite a las menores abortar sin 'que ni tan siquiera consulte a los padres'. La nueva normativa exige a las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar acudir a la clínica acompañadas de sus padres o representantes legales. La única excepción son los casos en los que la menor alegue por escrito grave conflicto familiar, en cuyo caso el médico puede pedir un informe psicológico, psiquiátrico o de un mediador social.

El político conservador también rectificó el anuncio que hizo el martes la Consejería de Sanidad murciana respecto a que derivaría a otras autonomías a las mujeres que solicitasen una interrupción voluntaria de embarazo. 'Eso no se va a hacer', zanjó.

La abogada Encarnación Martínez Segado, representante de la Asociación Preeminencia del Derecho, presentó ayer un escrito de denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia contra Ramón Luis Valcárcel por un presunto delito contemplado en el artículo 506 del Código Penal, que castiga con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para cargo público de 6 a 12 años a autoridades que suspendiesen la ejecución de leyes careciendo de atribuciones para ello.

En declaraciones a Público, Martínez afirmó que han interpuesto la denuncia para 'que Valcárcel sepa que el Código Penal no está sólo para el desheredado y el pobre y que a él también se le puede aplicar cuando actúa como un progolpista que se rebela contra la ley'.

La abogada recordó que la Ley del Aborto 'ya lleva cuatro días en suspenso por su santa voluntad' y aseguró que la denuncia se mantendrá aunque Valcárcel finalmente acate la ley por imperativo legal. 'Que el agresor deje de agredir no le exime del delito', afirmó.

Martínez calificó la conducta de Valcárcel de 'inaudita temeridad de un presidente de una comunidad autónoma' y recordó que 'si la justicia actúa como es lo debido, le puede costar al denunciado el cargo y hasta prisión'. La asociación pidió a la Justicia que abriese una investigación 'porque el hecho es gravísimo'.