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La verdadera "vara de medir" de la Fiscalía

El PP acusa al Ministerio Público de un doble rasero en los casos de corrupción

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El PP ha redoblado en las últimas semanas sus críticas contra el trabajo que desempeña la Fiscalía General del Estado en perseguir la corrupción política del PSOE. La cantinela de que la institución tiene una 'doble vara de medir' según la afiliación de los investigados vuelve a sonar con fuerza entre los conservadores, como ya ocurriera en el verano de 2009, para sostener la 'teoría de la persecución' de la que supuestamente es objeto el partido.

Los ataques han coincidido con la presentación del escrito de acusación del fiscal contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, y otros imputados en el caso de los trajes. Pocos días después de que pidiera la apertura del juicio oral, el PP envió a sus dirigentes un argumentario con el mensaje a repetir en sus intervenciones: 'La Fiscalía mira para otro lado mientras al Gobierno socialista se le multiplican los escándalos'.

Las críticas contra la Fiscalía aumentaron tras la acusación a Camps

Así, la número dos de la formación, María Dolores de Cospedal, enumeró el pasado lunes los casos con implicados del PSOE y que el Ministerio Fiscal supuestamente no investiga: desde el asunto del chivatazo del bar Faisán hasta los falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía, pasando por el caso Ibiza y el caso Melilla, entre otros.

De 'huelga de brazos caídos' calificó este viernes el secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, la actitud de la Fiscalía, una vez conocido que un juzgado de Toledo había admitido a trámite una querella por delito societario contra cuatro administradores de la Hípica Almenara, de la que José Bono es socio mayoritario.

Los fiscales afirman que «se investiga sin preguntar la afiliación»

Cabe recordar que el presidente del Congreso fue objeto de varias denuncias del PP en 2010, basadas en recortes de prensa, por un presunto delito de cohecho impropio cometido al recibir regalos de un promotor inmobiliario. Las denuncias fueron archivadas por la Fiscalía con el argumento de que no 'investigarían a Bono por insinuaciones de terceros'. Las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción, sin embargo, optaron por otra vía y presentaron sendas querellas ante el Tribunal Supremo por esos mismos hechos. El Alto Tribunal ni siquiera las admitió a trámite al entender que no existía ningún indicio de delito.

La decisión del Supremo, órgano poco sospechoso de estar al servicio del Gobierno socialista, no impidió a FranciscoCamps reclamar a la Fiscalía que le aplicara la 'doctrina Bono' para 'acabar definitivamente' con su imputación en la Gürtel. Camps obviaba que también fue el Supremo quien ordenó investigar los regalos que recibió de la trama corrupta, al entender que en este caso sí existían indicios de un delito de cohecho impropio.

Fuentes fiscales recuerdan que, a quien sí se aplicó la doctrina Bono fue al expresidente de Illes Balears Jaume Matas. La Fiscalía General del Estado denegó en julio de 2009 la prórroga que había solicitado la Fiscalía balear para seguir investigando si Matas había incrementado irregularmente su patrimonio. Luego dio fruto la investigación sobre el casoPalma Arena, donde se produjo un presunto desvío de 60 millones de euros, y Matas terminó imputado.

El PP ve a la Fiscalía de «huelga de brazos caídos» con el PSOE

Con cierto aire de hastío por la frecuencia de las críticas hacia su trabajo, los fiscales con los que habló este diario rechazan de plano las acusaciones de parcialidad: 'La Fiscalía investiga sin preguntar la afiliación. Recibimos denuncias o las iniciamos de oficio y a partir de ahí, hacemos los estudios necesarios basándonos en razones técnico-jurídicas'.

En este sentido, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Cumpido, resaltó el pasado viernes que la institución es 'implacable en cualquier tipo de corrupción'. Se refirió concretamente al trabajo realizado por el Ministerio Público en el caso Mercasevilla, donde se investigan posibles delitos en la gestión de la sociedad participada por el Ayuntamiento de la capital andaluza, gobernado por el PSOE. 'Se ha presentado la primera acusación contra cuatro cargos de Sevillapor cohecho y se les pide unas penas importantes', señalóConde-Pumpido, quien recordó que esta investigación iniciada por la Fiscalía ha dado lugar a cinco procedimientos judiciales.

El Supremo avaló las decisiones sobre Bono, Chaves y Camps

'De este trabajo no se dice nada', critican fuentes judiciales apuntando a que los conservadores acusan a los fiscales de mirar para otro lado en los casos que afectan a miembros del PSOE. En realidad, no es que el PP no diga nada sobre Mercasevilla, sino que sus dirigentes también acusan a la Fiscalía de pasividad, obviando que dirigió la investigación hasta que fue asumida por el juzgado y que presentó escrito de acusación contra los imputados.

Casos silenciados

Más razón tienen los fiscales cuando destacan el silencio del PP sobre otras investigaciones impulsadas por el Ministerio Público contra cargos socialistas. Como ejemplos señalan el trabajo realizado en Asturias, donde el exconsejero de Educación del Gobierno, José Luis Iglesias Riopedre, y otros imputados ingresaron en prisión el pasado mes de enero acusados de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. O la acusación fiscal contra la exalcaldesa de Torre-jón y número dos del PSOE madrileño, Trinidad Rollán,condenada a ocho años de inha-bilitación.

Ante las criticas por no admitir a trámite determinadas denuncias contra dirigentes socialistas como Manuel Chaves, por el caso Matsa, o contra José Bono, fuentes conocedoras de las investigaciones defienden la actuación de los fiscales y resaltan que 'el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fiscalía en ambos casos'.

Los conservadores, sin embargo, insisten sin tapujos en que los representantes del Ministerio Público, así como los jueces y las Fuerzas de Seguridad del Estado, reciben 'directrices políticas' para perseguir a los militantes o cargos públicos del PP.

A la vista de los datos que facilitó Conde-Pumpido en su comparecencia en el Congreso en noviembre de 2009, el Ministerio Fiscal mira a todos los partidos. Pumpido desveló entonces que había 264 procedimientos de investigación contra miembros del PSOE; 200 contra representantes del PP; 43 de Coalición Canaria; 30 de CiU; 24 del Partido Andalucista, y 20 de IU.

Los fiscales que hablaron con Público niegan la acusación de seguir un guión partidista. 'No hay fiscal general del Estado o fiscal jefe capaz de asumir el alto coste que supondría intentar colar una directriz política sin sustento jurídico', señalan fuentes conocedoras del funcionamiento de la institución, compuesta por 2.400 fiscales.

'Cuando hay discrepancias se manejan argumentos jurídicos, no políticos. Además existen mecanismos para evitar que se den órdenes interesadas', remarcan las citadas fuentes, subrayando las garantías que introduce el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal en caso de que un fiscal recibiese una 'orden o ins-trucción contraria a las leyes'.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez Ulled, recuerda que 'recibir una directriz política es ilegal' y niega que se esté produciendo. En todo caso, señala, 'habrá que preguntar a quienes realizan esas manifestaciones en qué se basan. En su opinión, 'puede haber cierto nerviosismo' detrás de esas declaraciones ante la cercanía del próximo proceso electoral.

Para el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, las críticas actuales del PP 'dan la impresión de que se producen cuando pueden surgir problemas internos para el partido y que requerirían que adoptase medidas políticas'. En este sentido, Ramírez critica que se confundan los planos político y judicial y afirma que 'se está instrumentalizando la crítica'.

Las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales hicieron público, el pasado 21 de febrero, un manifiesto en el que afirmaban que estos 'ataques desbordan el ejercicio razonable del derecho de defensa'. El escrito señalaba que se 'trata de perturbar el normal desarrollo de las investigaciones y coartar la independencia y la autonomía' de jueces y fiscales.

El Consejo General del Poder Judicial también ha considerado necesario salir al paso de las descalificaciones a las que se están viendo sometidos aquellos que investigan casos de corrupción política. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, fue contundente el pasado lunes: 'La doble vara de medir de la Fiscalía es la que aplica a los delincuentes y a los no delincuentes'.