Antes siquiera de dar a su agresor la oportunidad de saber dónde está, ha puesto tierra de por medio. La Junta de Andalucía comunicó ayer que ha cambiado de casa de acogida a una mujer maltratada al considerar que su protección podía verse comprometida. ¿El motivo? Un juzgado de Utrera (Sevilla) ha dictado un auto que fija como lugar de encuentro entre un maltratador confeso y su hija el centro donde vive la niña con su madre, víctima de las agresiones.

El auto señala que la mujer tiene la obligación de comunicar al padre de su hija su paradero. Micaela Navarro, consejera de Igualdad, cree que esta medida 'pone en peligro la confidencialidad y la seguridad' de esta mujer y del resto de las que allí residen, al romper el secretismo que rodea a estas casas de acogida. 'No vamos a permitir que se produzcan estos encuentros en el centro. Existen unos puntos de encuentro familiares específicos para este fin', afirma Navarro.

Recurso

La mujer afectada ha recurrido ya el auto. La Junta ha remitido además una queja al Consejo General del Poder Judicial y ha informado a la fiscalía. La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, dijo ayer que el auto 'no es en absoluto razonable'. 'Puede poner en peligro la seguridad de la mujer y de todas las que estén ingresadas. Sin entrar a valorar si el padre tiene derecho o no a ver a su hija, la casa de acogida no es el lugar idóneo', afirmó.

El juzgado admite la existencia de 'indicios racionales de criminalidad' contra el acusado, por lo que dictó una orden de alejamiento del agresor, que tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con la mujer. No obstante, al establecer el régimen de visitas, fija la casa de acogida donde la menor vive con su madre como punto de encuentro, una medida que el juez califica como 'excepción' dentro de las medidas cautelares, según fuentes judiciales.