Sus escasas habilidades de comunicación, la sumisión que suelen sentir hacia el agresor y su falta de conciencia de la gravedad de los hechos convierten a las personas con discapacidad intelectual en las “víctimas perfectas” del abuso sexual. La falta de preparación del entramado policial y judicial para atender estos casos también influye a la hora de que la mayor parte de estos casos de abusos no se lleguen a conocer nunca y a que los agresores queden impunes.

Aunque la dimensión real del problema en España no se conoce con exactitud, los pocos estudios realizados al efecto revelan que una parte muy importante de este colectivo sufre en silencio los abusos sexuales por parte de personas sin discapacidad.

Así, según varias investigaciones divulgadas este jueves por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, en torno al 30% de los discapacitados intelectuales (del 60% al 80% de las mujeres y entre el 25% y el 35% de los hombres) han sufrido abusos sexuales, muchas veces sin saber que era algo malo.

“Para ellos todo lo que está hecho por una persona sin discapacidad está bien hecho, no se cuestionan nada”, explica Almudena Martorell, directora de la Fundación. Martorell presentó este jueves la primera unidad de España dedicada a las víctimas de abuso sexual que tienen una discapacidad intelectual, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Guardia Civil y la Fundación Mapfre y que tiene objetivo apoyar a las víctimas y sus familias y crear las herramientas para prevenir e investigar estos casos.

El primer paso es que las víctimas sean conscientes de que lo son, y es que el propio proceso de “infantilización” a que se somete al colectivo al hurtarle información y educación sobre sexo hace que cuando son víctimas de una agresión “ni siquiera saben que eso está mal”, añade Martorell.

Después, las escasas veces en las que se denuncia, sus propias limitaciones intelectuales les impiden elaborar un testimonio lo bastante bien hilado como para procesar al culpable, ya que en estos procesos el testimonio de la víctima suele ser la principal prueba de cargo. “Esto hace al agresor inexpugnable”, explica.

La directora de la unidad, la psicóloga María Recio, hizo hincapié en la importancia de adaptar las llamadas escalas de evaluación de la credibilidad para que también sirvan para analizar la fortaleza del testimonio de una víctima con discapacidad intelectual, así como que los cuerpos policiales adapten sus investigaciones e interrogatorios a estas personas más vulnerables.

En este sentido, el capitán José Manuel Quintana, psicólogo de la Sección de Análisis de la Conducta Delictiva de la Guardia Civil, explicó que el instituto armado lleva tiempo tratando de adaptar sus procesos de investigación a las víctimas más vulnerables, y ya intenta que en cada cuartel haya una persona especializada en estos casos. “En los últimos años llegan cada vez más casos de este tipo, no sabemos si es porque hay más o porque se denuncian más”, dijo.

El consentimiento

En el caso de determinar si ha habido abuso, un aspecto clave es si la víctima consiente o no. Si se trata de un niño este aspecto no presenta problemas, ya que existe una edad tasada (13 años) por debajo de la cual se considera que siempre hay delito, pero en las personas con discapacidad intelectual resulta esencial saber qué capacidad tiene la víctima para decidir. “Y hay que hacerlo muy rápido si hay que aconsejar al juez tomar medidas cautelares”, explicó Quintana.

“Muchas veces –agrega por su parte Recio- van a decir que sí consintieron sin saber siquiera qué significa la palabra consentimiento, sólo porque tienen a sentir lo que les preguntas”.