Un total de 27 millones de euros para el empresario español de origen egipcio Hussein Salem. 15 millones para el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. La última fianza millonaria a las que parece haberse abonado la Justicia española asciende a 10 millones.

Esta es justo la cantidad que la Audiencia Nacional ha fijado para que pueda abandonar la cárcel José Mestre Fernández, el empresario catalán que ocupaba el cargo de director general de una de las dos terminales de contenedores del Puerto de Barcelona cuando fue detenido el pasado verano por su presunta participación en el desembarco de un alijo de 202 kilos de cocaína en estas instalaciones.

Para fijar la cantidad, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta su 'gran fortuna' y su participación 'en los órganos sociales de 62 empresas', la mayor parte de ellas relacionadas con las actividades portuarias. Precisamente por ese 'alto valor adquisitivo' no resulta nada descabellado que Mestre tarde sólo unos días en reunir la cantidad fijada para dejar la prisión.

La acusación que pesa contra él consiste en permitir la entrada de droga en Barcelona utilizando los contenedores que estaban bajo su supervisión. La Policía considera que a cambio de este servicio, el llamado virrey del puerto cobraba un 30% del valor de la mercancía. En el momento de su detención, que se produjo cuando los agentes inspeccionaban el contenedor sospechoso, los agentes le intervinieron obras de arte valoradas en 20 millones de euros, un Rolls Royce y otros vehículos de alta gama.

El auto en el que se fija la fianza, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, admite que hay indicios suficientes para que Mestre fuera enviado a prisión, como ordenó hace un año el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Entre ellos, cita varias conversaciones telefónicas intervenidas al presunto narco colombiano Héctor Murillo, El Juli, y al español Daniel Martín, Travis. En ellas, Mestre ha sido identificado como el interlocutor de estos por un testigo. La Policía llegó al empresario catalán cuando El Juli se reunió a su llegada a España con El Don, que resultó ser Mestre.

La resolución señala que de estas conversaciones 'se desprende con claridad como el imputado habla con personas ajenas a sus quehaceres empresariales sobre el envío de dos contenedores'.

La pena a la que se arriesga Mestre asciende a 12 años de cárcel, por lo que existe un riesgo de fuga 'consustancial a cualquier persona que se enfrenta a unos cargos con tan grave penalidad'. En su caso hay que sumar la existencia de una organización internacional y su dinero. Cuando pague la fianza, deberá comparecer semanalmente ante el juez.