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Los votos del PP, CiU y PNV impiden la tramitación urgente de la ley de igualdad de trato

Entre algunos de los puntos del anteproyecto, se prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos

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Los representantes del PP, CiU y PNV en la Mesa del Congreso han rechazado la tramitación urgente del proyecto de Ley Integral para Igualdad de Trato y no discriminación.

La portavoz de los conservadores, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el rechazo se debe a la consideración de esta ley como una manifestación más 'de la debilidad del Gobierno a la hora de sacar iniciativas, sin un debate público y parlamentario'. 

Esta reacción no ha sido una sorpresa, puesto que la semana pasada, los conservadores ya anunciaron que se opondrían al trámite de dicho proyecto por la vía de urgencia. 

Por su parte, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, afirma que la medida responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y para garantizar que nadie pueda ser discriminado.

Se trata, ha dicho, 'de crear una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad que no permita que nadie sea humillado. Una sociedad donde sentirse seguro y donde sentirse amparado por la ley'.

La titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha subrayado que el Gobierno quiere identificar mejor las formas de discriminación, dar mejor cobertura legal a quien la sufre y sensibilizar aún más a la ciudadanía.

'Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social'. Este afirmación está recogida como derecho en el artículo 14 de la Constitución Española.

Con esta ley, se pretende dar visibilidad a los problemas de discriminación que existen el país y consecuentemente dar una respuesta legal adecuada. 

En palabras de Leire Pajín recogidas en su blog: 'Se trata de construir una sociedad más igualitaria y respetuosa, una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado. No solo porque es lo más justo, sino porque además, esa sociedad es mucho más competitiva y por ende productiva.'

El anteproyecto pretende ser una ley de desarrollo de las directivas comunitarias a la vez que refuerza el artículo 14 de la Constitución. Así, el texto incorpora todas las definiciones de discriminación existentes en la Unión Europea, es decir, discriminación por asociación, discriminación por error, discriminación múltiple, acoso discriminatorio, inducción a discriminar y represalias.

Además, la nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes.

Entre algunos de los puntos contenidos en este proyecto del Gobierno, se prohíbe la financiación pública para centros educativos que discriminan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros.