El presidente del Gobierno se refugió ayer en la falta de suficiente 'consenso político y social' para justificar ante el pleno del Congreso de los Diputados que se haya aparcado sine die la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, decisión anticipada por Público a finales de agosto. Esta razón es novedosa en el argumentario gubernamental, ya que hasta la semana pasada José Luis Rodríguez Zapatero había sostenido que el motivo por el que se ha congelado esta iniciativa legislativa no era otro que su determinación de centrar toda la producción legislativa en las materias relacionadas con la crisis económica.

Las dudas que suscitaba la entrada en vía muerta de una reforma que, hasta la remodelación ministerial de octubre, tutelaba María Teresa Fernández de la Vega, se han reavivado al hilo de la visita que el Papa hizo el pasado fin de semana a Barcelona y Santiago. La relación de causa-efecto que planteó el portavoz de ERC, Joan Ridao, fue rechazada, sin embargo, por Zapatero.

El Gobierno teme irritar a la derecha sin satisfacer a la izquierda

El presidente defendió que la reforma de la ley 'es conveniente, pero no urgente'. '¿Exige actualización? Sí. ¿Qué quiere el Gobierno? Consenso político y social. Cuando ese consenso político y social entienda que se puede producir, fundamentalmente en esta Cámara, actuaremos en coherencia', explicó Zapatero. Pero su razonamiento fue contradicho por Ridao con contundencia: 'Usted no ha explorado en ningún caso el consenso'.

La razón última, según fuentes gubernamentales, es que el borrador de reforma que se había elaborado tenía un alcance tan limitado que lo más probable es que con él se irritara a la derecha sin satisfacer a la izquierda, de modo similar a lo que ocurrió con la Ley de la Memoria Histórica. 'Es una reforma que no se puede aprobar por la mínima, suponiendo que se alcanzaran los votos necesarios', señalaron interlocutores del Ejecutivo, con el recuerdo de que se trata de una ley orgánica. Ante ese posible escenario, se ha preferido no abrir un nuevo frente de controversia que, además, podría transmitir la imagen de que el Gobierno busca distraer la atención y se distrae del objetivo prioritario de combatir la crisis.

El presidente ve 'conveniente, pero no urgente' cambiar la ley

Por aquí intentó meter una cuña el portavoz de ERC. 'Vamos a continuar siendo un Estado aparentemente aconfesional, pero en el que todo el mundo sabe que, aparte de los privilegios que otorga el Concordato, casi preconstitucional, este Estado tiene una especie de mantenida, una paparra de lujo, que es la Iglesia católica, que nos cuesta cada año 6.000 millones de euros, que es lo que, por cierto, el Gobierno se ahorra en pensiones y en el sueldo de los funcionarios', subrayó Ridao. Y, dirigiéndose a Zapatero, agregó: 'Usted renunció en 2007 a exigir el compromiso de autofinanciación de la Iglesia e incluso ha hecho una cosa que ni la derecha se atrevió a hacer, que es incrementar un 34% la asignación del IRPF'.

Aunque estas decisiones, que fueron negociadas con la Iglesia católica por la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega, provocaron profundo malestar en el sector más laicista del PSOE, Zapatero rechazó de plano la acusación subyacente en las palabras del portavoz republicano. 'Le va a costar muchos esfuerzos convencer a la gran mayoría de la opinión pública de que este Gobierno hace una política de entrega o de devoción a la Iglesia católica', respondió.

El presidente defendió que la pauta que guía al Gobierno es la del 'respeto al espíritu y al principio constitucional de aconfesionalidad del Estado', con un marco legal que reconoce 'la libertad religiosa y la realidad de las creencias mayoritarias de los ciudadanos'. Y sostuvo que, aunque la ley vigente es de 1980, 'ha cumplido bien su función'.

'No hay una necesidad imperiosa de actualización porque en nuestro país la libertad religiosa se ejerce sin ningún problema, no hay discriminación alguna por pertenencia a una confesión religiosa y la preeminencia del principio de aconfesionalidad del Estado funciona con normalidad', agregó José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, aunque no esgrimió este argumento, la reforma de la Ley de Libertad Religiosa no forma parte del programa con el que concurrió a las elecciones generales de 2008, sino que lo asumió como un compromiso ante su partido, en el congreso que después de los comicios, celebró el PSOE, en el que abundan los dirigentes y votantes católicos.

Si el presidente justificó su posición en la voluntad de no inclinarse 'de un lado o de otro', Ridao le reprochó que se haya quedado 'sin política propia en materia de libertad religiosa, porque quien se la marca es otro Estado, el Vaticano'. El portavoz de ERC subrayó que no se trata de 'buscar la confrontación' ni de que Zapatero vaya a perder votos, 'sino de garantizar una sociedad libre de dogmas y la plena neutralidad religiosa'. Y concluyó de la manera más gráfica posible en esta materia: 'A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César'.