La ley del déficit manda. No habrá una nueva línea preferente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a que los ayuntamientos financien sus deudas pendientes con las pymes y los autónomos. La razón es que la Comisión Europea haría la anotación en la columna del déficit de España.

Así lo explicó ayer en el pleno del Congreso José Luis Rodríguez Zapatero, que volvió a mostrarse inflexible en la contención del déficit público. 'El Gobierno no lo va a hacer', afirmó con rotundidad. No, salvo que encuentre una fórmula que permita establecer una línea específica de crédito que no implique incremento del déficit, posibilidad en la que no dio indicios de confiar.

La declaración de Zapatero se produjo a raíz de una pregunta de Mariano Rajoy, que utilizó la sesión de control para exigir el cumplimiento de la moción del PP que el pleno del Congreso aprobó la semana pasada reclamando medidas de apoyo a las pymes y los autónomos. En esta moción, se planteaba la creación de una línea ICO-morosidad, que no se ingrese el IVA hasta que no se haya cobrado la factura y que puedan compensarse las deudas tributarias con lo que la Administración deba a estos pequeños empresarios.

El líder de la oposición aprovechó la respuesta del presidente para intentar presentarlo no sólo como un gobernante incapaz, sino también prepotente. 'Si no cumple lo aprobado por esta Cámara, está haciendo abuso de poder', acusó Rajoy, metiendo en el mismo paquete el veto del Gobierno a que se reconsidere la congelación de las pensiones, algo que juzgó 'bochornoso'.

De nada sirvió que Zapatero recordara que la compensación de deudas ya está prevista en la Ley General Tributaria, que los ayuntamientos tendrán el año próximo 1.200 millones más de financiación o que se ha flexibilizado el criterio sobre su endeudamiento. Lo mismo dio que recordara que los Presupuestos, sometidos a un tope de gasto, son una ley de rango superior a una moción.

Por la senda marcada por Rajoy, galopó su lugarteniente parlamentaria. Soraya Sáenz de Santamaría tildó de 'sencillamente inconstitucional' que el Gobierno impida un debate parlamentario para derogar lo que bautizó como el pensionazo. Esta actitud, según dijo, es reveladora de 'la debilidad del Gobierno'.

El Gobierno invoca una sentencia del Tribunal Constitucional de 2006, por una controversia similar entre el Parlamento y la Junta de Extremadura. El TC concluyó que no pueden, 'sin el consentimiento del Ejecutivo, plantearse iniciativas que alteren el equilibrio de los Presupuestos'.

María Teresa Fernández de la Vega, a quien la portavoz del PP colocó en la sala de espera para ocupar un puesto en el Consejo de Estado, tachó de 'obsceno' el afán de la derecha por recuperar el poder y aseguró que, 'saneadas las cuentas, volveremos a subir las pensiones'.