El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio el pasado domingo por la tarde en la Moncloa con los dos secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, según adelantó ayer el diario digital elplural.com y confirmó este diario.

En la reunión, que fue especialmente larga y también tirante en ocasiones, según las fuentes consultadas, se encontraba también presente el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, conocido ugetista. Aunque la reunión tuvo lugar al día siguiente de las movilizaciones por las pensiones en las que Toxo amenazó con una nueva huelga general en enero, la cita es fruto de un proceso previo de interlocución.

Un par de semanas antes, Méndez y Toxo tuvieron una reunión especialmente crispada con el titular de Trabajo que fuentes conocedoras del encuentro dicen que terminó 'como el rosario de la aurora'. En aquella cita quedó claro que las posiciones de los sindicalistas y de Gómez estaban muy alejadas, ya que este se ha tornado un firme defensor de las políticas que propugna Economía y que tienen como fin ahuyentar las dudas sobre la deuda española.

En un punto del debate, y vista la falta de conexión, los agentes sociales pidieron tratar directamente algunas cuestiones con el presidente del Gobierno. La reunión se produjo finalmente el domingo, después de que los sindicatos sacaran el sábado a la calle a miles de personas en España, en repulsa, principalmente, a la posibilidad de que la edad de jubilación suba hasta los 67 años.

Sin embargo, apenas se trató el tema de la convocatoria de una nueva huelga general y los interlocutores se centraron en los temas de fondo. La reforma de las pensiones ocupó una buena parte del debate por su rabiosa actualidad, pero también se trataron otros aspectos como la interpretación pendiente de algunos puntos de la recién planteada reforma laboral.

'Se constató el divorcio total', lamenta una fuente que asegura que la única preocupación del presidente radica en los problemas de la deuda y la prima de riesgo.

La reforma de las pensiones también enfrentó ayer a los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento. Estos enfocan con una mezcla de 'inquietud compatible con la responsabilidad' el horizonte por despejar sobre la futura reforma. Así resume uno de sus diputados el ánimo de su grupo tras el intenso debate sobre las pensiones que capitalizó ayer la reunión semanal que celebran en el Congreso.

Con la libertad que da el debate a puerta cerrada, varios diputados cuestionaron la decisión del Gobierno de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años, que tacharon de 'ineficaz' y pusieron en duda que el PSOE pueda contar con apoyos suficientes para sacarla adelante.

La 'flexibilidad' invocada por el jefe del Ejecutivo, el viernes en Bruselas y el lunes ante la Ejecutiva, no ha calmado los ánimos del sector más crítico con la reforma dentro del Grupo Socialista.

En ausencia de su portavoz, obligado a peinar acuerdos en una jornada maratoniana en la Cámara el número dos del Grupo, Eduardo Madina, abrió el debate, consciente de que varios diputados pretendían introducirlo en su turno de palabra. Madina se adelantó para anunciar que el PSOE se aplicará en enero un sobre esfuerzo explicativo para acercar a los ciudadanos la pertinencia de modificar el actual marco de las pensiones.

El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, comparecerá en las próximas semanas ante los diputados socialistas para explicarles la reforma, que el Ejecutivo presentará el próximo 28 de enero.

La ampliación de la edad de jubilación a 67 años concitó las críticas más severas. Manuel de la Rocha, diputado por Madrid, calificó de innecesaria esta medida que, a su juicio, va a ahondar la distancia ya abierta entre el PSOE y sus electores, además de alimentar la confrontación con los sindicatos, heridas ambas que costará restañar, según expuso.

Este alejamiento de las bases sociales de izquierda del proyecto socialista fue el peligro invocado también por el madrileño Juan Barranco, que cuestionó la urgencia de la reforma y calificó de 'incorrectos' algunos de los 'argumentos que se utilizan para justificarla', según señaló a Europa Press.

Barranco considera que en los planes de reforma de las pensiones se está trabajando a demasiado largo plazo y se están dejando al margen factores determinantes, a su juicio, como la productividad, que aumentará por la progresiva implantación de nuevas tecnologías.

Diputado por Granada, José Antonio Pérez Tapias, miembro de la corriente Izquierda Socialista, previno al PSOE contra cualquier 'obcecación' en torno a la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años. Esta frontera vital, que sólo defienden los socialistas, tiene, según argumentó Pérez Tapias, un valor 'más simbólico que jurídico'. A cambio señaló se ha convertido en un obstáculo que abona la animadversión de las bases sociales del PSOE, el resto de la oposición y, sobre todo, de los sindicatos, cuyo concurso animó a buscar intensificando el diálogo ahora herido.

Cuestión aparte es la de los apoyos, que sacó a la luz el diputado vasco José María Benegas, quien previno a sus compañeros sobre las 'dificultades' que el proyecto puede tener para salir adelante si la oposición mantiene su rechazo a la extensión de la edad de jubilación, como han puesto de relieve hasta ahora las discusiones del Pacto de Toledo.

El análisis interno sobre la reforma de las pensiones del Grupo Socialista contó también con intervenciones a favor de las tesis del Gobierno. Su secretario general enfatizó el término 'flexibilidad' con el que el Ejecutivo edulcora el alcance de la ampliación de la edad de jubilación. Madina pidió, dentro y fuera de la Cámara, un debate que vaya más allá de este punto, como pretende el Gobierno, e incluya también cuestiones clave como las prejubilaciones o el periodo de cálculo, que suscitan mayor consenso y cuentan con el apoyo de la oposición.

Con calado técnico, el responsable de Trabajo del Grupo Socialista, Jesús Membrado, y la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa ambos militantes de UGT calificaron de imprescindible la reforma.

'Los números hay que hacerlos, con o sin mercados', justificó la diputada, amparándose en razones demográficas. El envejecimiento de la población en los próximos años exige el cambio, a su juicio, para garantizar las pensiones de quienes ahora viven en la frontera de los 50 años, los hijos del desarrollismo de la década de los sesenta.