¿Ante quién responde el historiador en una democracia?
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Casi más sorprendente que los contenidos del polémico Diccionario Biográfico Español (DBE)resulta la manera en que su director, Gonzalo Anes, ha justificado la falta de control de calidad en la realización de una obra que ha supuesto el desembolso de millones de euros. Al parecer primaron unos curiosos criterios de eficacia. "Si (...) las comisiones hubieran leído las biografías escritas, el diccionario no se habría publicado jamás", afirmó Anes para después admitir que ni él había leído la controvertida entrada sobre Franco; la coordinación se redujo a "uniformar los tipos de imprenta y corregir las erratas".
Choca que Anes aparente desconocer los principios elementales de la producción de conocimiento académico y de la responsabilidad del investigador. El diccionario, afirma, se ha hecho "sin censura de la Academia"; no hubo evaluación porque "como aquí [en la RAH] (...) hay historiadores de diversa ideología, no dejarían pasar ciertas biografías". Este modo de argumentar, que equipara el peer review (revisión colegiada) habitual en la profesión con la censura política, pone sobre la pista de una cultura profesional sui generis que prácticamente sigue sin cuestionarse.
Muchos historiadores han corrido a declarar con razón que la RAH es un fósil cuyos miembros e ideología no son representativos del gremio. Pero más allá de los defectos de la RAH como institución, el episodio plantea preguntas más fundamentales. ¿Qué función social desempeñan los historiadores que se ocupan del pasado del país en que trabajan? ¿Qué responsabilidad asumen, y ante quiénes rinden cuentas de una labor sufragada con el dinero de todos los ciudadanos? El hecho de que el DBE se produjera con fondos públicos, ¿significa que el gobierno o las Cortes, como representantes elegidos de los ciudadanos, puedan imponer exigencias con respecto a la calidad de la obra?
Muchos historiadores han corrido a declarar que la RAH es un fósil cuyos miembros e ideología no son representativos
Anes cree que no. Lo curioso es que su posición no difiere mucho de la de sus colegas de profesión. Santos Juliá, por tomar un ejemplo representativo, tampoco cree que la política o la sociedad tengan por qué inmiscuirse en la elaboración científica de relatos sobre el pasado, práctica que para él debe ser fundamentalmente autónoma. El historiador —afirmó en noviembre de 2010 en la revista Claves— "no pretende servir a ningún señor, sea el Estado, la Justicia, la Política, el Partido, la Clase, la Identidad Nacional, la Memoria". Esta última le parece particularmente peligrosa. Manejada por "diputados", "publicistas y ensayistas" y "profesionales de la memoria desde diversos foros y asociaciones", la memoria -nos alerta- amenaza con destruir la autonomía de la historia profesional.
Mientras que la memoria, para Juliá, es ante todo un arma para fines oportunistas, la historia "mira al pasado desde todas las perspectivas posibles", "es crítica de los relatos míticos, huye de la sacralización del pasado". Así, el historiador viene a ser un modesto artesano desinteresado que "va austeramente, con la intención única de que el pasado hable": un individuo capaz de subsistir incólume en medio del vendaval de los acontecimientos e intereses hasta sustraerse, precisamente, a... la historia. Su dedicación vocacional le inmuniza contra todas las ideologías, presiones, intereses y modas: "No se siente prisionero de ningún paradigma ni obligado a seguir la dirección impuesta por el último giro". El historiador autónomo de Juliá está desde luego por encima de las instituciones en las que trabaja; está por encima de su tiempo; no pertenece a comunidad alguna —profesional, ideológica o cultural— y su única identidad es la del científico que busca afanosamente la verdad.
¿Qué función social desempeñan los historiadores que se ocupan del pasado del país en que trabajan?
No nos engañemos: el historiador autónomo de Juliá no existe. Claro -se nos replicará- ¡es que se trata de un ideal a alcanzar! Pero entonces, ¿cómo puede ser que la RAH invoque precisamente la autonomía de los autores del DBE para exculparse de lo que no son otra cosa que errores y sesgos descarados? Según Juliá, la autonomía del historiador profesional actual le distingue de la servidumbre de la disciplina durante el franquismo. Pero ese mismo argumento le sirve a la RAH —depósito de legados predemocráticos donde los haya— para eludir cualquier discusión sobre su responsabilidad ante la sociedad que la permite y financia.
El escándalo del DBE demuestra que los historiadores españoles han sido incapaces, entre la muerte de Franco y la actualidad, de dotarse de una cultura del prestigio y la evaluación que impida despropósitos como ése. En un escenario tan empobrecido de criterios consensuados de calidad, ensalzar la total autonomía del investigador universitario equivale a convertir al historiador en un Leviatán que, de un lado, no está obligado a rendir cuentas ante nadie y, de otro, goza del monopolio de legislar sobre temas que afectan de lleno a la calidad de la vida moral de sus conciudadanos. A esto en la tradición política occidental se le ha llamado siempre déspota, tirano.
En suma, el desastre del DBE nos urge a reflexionar sobre si una sociedad democrática, que otorga derechos a cambio de obligaciones, puede permitirse que una función social tan relevante como es el conocimiento del pasado esté exclusivamente en manos de unos expertos liberados de toda responsabilidad social. No es sólo que la historia está lejos de poseer un estatus científico; es que además los relatos históricos influyen sobre la calidad de la cultura democrática: es por eso que en la construcción del imaginario sobre el pasado común es tan importante contar con las voces de todos los ciudadanos interesados.
13 Comentarios
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Está claro que ante su propia conciencia, ante lo que ellos creen que es la verdad, más allá no se puede ir. Lo que pasa es que los hay que no deben tener mucho de eso y se venden al mejor postor, vamos, como funcionan hoy las cosas... Otra pregunta es quién historiografía a los historiadores! ? Es la dejo para que la penseis los de Público.
http://nolegustaria.blogspot.com
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Santos Juliá tiraba con bala, y sabía a quien apuntaba. Malos los historiadores de la Academia y malos los de la Universidad pública, y no hablemos de los pseudohistoriadores.
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todos los historiadores sabem , el debate está muy superado, que la dictadura franquista fue autoritaria, no totalitaria.La verdad que nadie con dos dedos de frente sabe a que ha venido este dilema...hay muchas diferencias entre el stalinismo y el franquismo o entre el nazismo y el franquismo, aunque pese...franco era un "carca" y el totalitarismo es un movimiento político vanguardista, sumamente anulador de la persona pero vanguardista....es una obviedad, lo demás es enrredar
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Pero ¿Con que dinero se ha hecho esta obra, con el mío?
¡Venga ya hombre, a la mierda con estos gastos estúpidos!
Que lo publiquen las empresas con su dinero, lo vendan y pongan lo que les parezca en su contenido.....los ciudadanos comprarán lo que les de la gana con su dinero.
¿Ante quién responde un historiador en democracia? Pues está claro, ante su editor.
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Hay que darle a escribir la historia a los de Ferraz y olvidarse de historiadores. Lo digo completamente en serio.
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Como dijo Paul Preston recientemente: #el franquismo está hoy día más vivo que nunca en España#.
Estos señores de la RAH rezuman franquismo.Aquí no hay aún una auténtica cultura democrática.
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Sus señorías en el asunto del Diccionario biográfico español deberían de escuchar a la Facultad de Historia de Valencia y echar a la calle a sus responsables. Los actuales académicos que han jugado con casi 7 millones de euros y nos han dejado sin algo tan importante como un Biografico de nuestra nación. Ahora los cortesanos y académicos de la Historia Carmen Iglesias y el Marqués de Castrillón, muy linajudo él, según su voz de 7 páginas en el autohomenaje que se tributa en el biográfico, nombrarán la comisión independiente con los dóciles académicos Miguel Artola, Carmen Sanz. No se puede ser juez y parte, destruir las pruebas y salir de rositas.
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En mi modesta opinión el problema es que en España subvencionamos todo, y no lo digo por el gobierno actual, que esta subvención viene de Asnal (perdon Aznar).
Subvencionamos obras de teatro que nadie ve, ensayos literarios que nadie lee, los celebres estudios de la generalitat que nadie escribió, ... y no subvencionamos ni la cultura popular ni la cultura académica o universitaria.
En el caso de la primera tuvimos excelentes investigaciones en la II República y se cortaron, para la segunda mejor llorar, ¿cuántos de nuestros hijos no se han tendio que ir a investigar en el extranjero?.
Pues bien conseguida la subvención, viene lo de los amiguetes (tres, treinta o trescientos...), jornadas preparatorias en un buen hotel, congreso y publicación (buen papel -está subvencionado-, sin erratas, bellas fotografías...) y nadie lee.
Lo sorprendente en este caso no es que se haya colado el artículo de Franco y tantos otros, lo sorprendente es que no lo firmara el mismo Franco o Pio Moa, al final solo nos fijaríamos en las erratas y en las fotos.
Pobre pais de subvenciones.
Respecto a la pregunta: En Democracia ante nadie, perdón ante toda la ciudadanía; si esto fuera una democracia los ciudadanos simplemente no comprarían sus obras, exigirían responsabilidades a los que aprueban subvenciones y no las vigilan (porque ojo, estos tambien tienen su parte de responsabilidad) pero en las memocracias tenemos lo que nos merecemos (excelentes correctores de erratas).
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Diccionario biográfico español congelado, académicos de la Historia embalsamados.
Cuando Teddy Bautista ha dimitido de la SGAE, sorprende que Gonzalo Anes siga gozando del favor del gobierno y del Rey. No resulta lógico que los académicos de la Historia Carmen Iglesias y Gonzalo Anes sean los que nombren la comisión que estudiará el fiasco del Diccionario biográfico español. Esta comisión independiente formada por los también académicos Miguel Artola, Carmen Sanz, siempre atenta esta última a los mandados de la presidenta de Unión Editorial. Sería bueno para la Historia que se retiren los académicos actuales y den paso a nuevos bríos como se propone en la Facultad de Historia de Valencia. En España gozamos de un gran elenco de historiadores capaces de realizar la misión de la Academia de la Historia.
Un asunto de casi 7 millones de euros no debe de quedar en manos de los artífices de la chapuza. En España hay muchos historiadores con obra, que por cierto, los muy obstruccionistas de la academia nos les dieron voz en el Diccionario biográfico español. Los académicos de la Historia, se permitían tener en el que han llegado a considerar su gran obra 7 páginas como Gonzalo Anes que ha hecho su gran obra, por la que el Rey le nombró recientemente marqués de Castrillón, menuda cagada.
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¿Y cual es el problema con que alguien de su versión de una personalidad histórica contradictoria con lo que piensan todos? Simplemente da su opinión y se retrata con ello. En España no, en España como es subvencionado debe decir lo que se quiere que diga y en la forma que se quiere. Seamos serios, esa es una biografia de Franco (por ejemplo) escrita por alguien que dice como lo ve él y que quizas coincida con como lo ven muchos, basta con escribir otra biografía por otro que diga lo contrario.
Se supone que si van a corregirle la plana a alguien en cualquier sentido por lo que diga deja de haber libertad de expresión y comienza la censura tal como en la dictadura y pongo el ejemplo del monarca ¿Dirá lo mismo de él un republicano que un monárquico? Desde luego que no y estoy esperando poder leerla para ver si a la luz de como piensa cada uno debe solicitarse que se reescriba.
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Se agradece que los autores del artículo se presten a desvelar a los lectores de Público las veleidades, límites y condicionantes que rodean a la disciplina histórica y -cabría no olvidar- al resto de las ciencias. En cualquier caso, darles la bienvenida por su tardío aterrizaje.
Presupongo que los fimantes se encuentran ajenos a la profesión, parapetados en alguna atalaya marginal que les permite vislumbrar los problemas de la profesión con una clarividencia superior, cercana a la superioridad moral (¿y también narrativa?) de las víctimas y los testigos de la historia... pero me parece que ese no es el caso, lo que, paradójicamente, vendría a debilitar sus argumentos, aquéllo del inmovilismo de la "academia" (no la RAH, evidentemente)...
En cualquier caso, si a estas alturas los historiadores requirieramos análisis tan deslumbrantes, la profesión podría prescindir alegremente de subdisciplinas como la historia de la historiografía, empeñada desde hace décadas en analizar los discursos sobre el pasado, sus productores y mediadores, los procesos de institucionalización de la disciplina y, evidentemente, los condicionantes políticos que la afectan y las reponsabilidades varias que incumben al oficio de historiador.
De esta manera, no deja de sorprender el carácter adánico del texto, quizá magnánimamente achacable a la juventud (en sentido amplio y no tanto cronológico) de los autores, aunque también podría explicarse por la simple ignorancia, el desinterés científico, u otros intereses más triviales que desconozco. Si a estas alturas los historiadores requirieran un "análisis de conciencia" como el que generosamente proponen los autores, significaría que la profesión todavía se encuentra anclada en el positivismo decimonónico más ortodoxo, cerrada, bloqueada al debate y consciente de su carácter normativo. Una circunstancia que, obvia decir, no resulta común en el gremio de historiadores españoles, aunque todavía los haya.
Pese a todo, quizá lo más preocupante sea la no tanto por la puesta en cuestión de la Historia como disciplina (en continuo debate desde antes de Hayden White), si no sobre todo por la equiparación de los relatos en torno al pasado. Acordes con el siglo XX cambalache, la disolución de relatos que parecen amparar los autores del artículo vendria a equiparar y otorgar aséptica (y acrítica) validez a todos los relatos: tanto a los de las víctimas como al de los verdugos, tanto a los relatos de los testigos e implicados en los procesos históricos como a sus rememoradores, en esa categoría difusa de "contar con las voces de todos los ciudadanos interesados"
Evidentemente, si el objetivo final es elaborar una historia de consenso que satisfaga a "todos los ciudadanos interesados", más valdría eliminar la propia disciplina-, con el consiguiente ahorro en los presupuestos públicos-, y estimular la colección de relatos. Así, bien valdría tener en cuenta las razones de Himmler a la hora explicar verazmente el Holocausto. Quizá los historiadores alemanes todavía no han llegado a esta conclusión, que imagino que acogerán calurosamente.
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Me he tomado la libertad de responder a Caimán en nombre de los demás ciudadanos que hemos firmado este artículo. En primer lugar, quiero agradecerte tus comentarios porque permiten abrir un dialogo que no siempre es fácil en el país de los monólogos. Darte también las gracias por tu bienvenida, pero deseo comunicarte que ya publicamos en su momento un artículo en este mismo medio -el 16 de junio-, y que desde que saltó a la palestra este escándalo decidimos, como otros muchos ciudadanos, denunciar la actitud antidemocrática de quienes deberían ser guardianes de nuestro patrimonio democrático. Por tu exposición entiendo que debes ser un historiador profesional, por lo que comprendo que te sientas tan aludido por nuestro escrito que en el fondo y en la forma, sinceramente, tergiversas. No hay en nuestro texto más que una invitación a que se establezca un diálogo entre profesionales y otros ciudadanos para dialogar sobre el pasado. A estas alturas, uno no acaba de comprender las razones por las que el conocimiento del pasado (¿y el del presente y futuro?) debe ser tutelado por unos pocos con la única legitimidad de estar pertrechados con un(os) método(s) de enseñanza y de investigación sobre el cual, luego, la mayoría de los profesionales no reflexionan. Que el conocimiento del pasado es un acontecer puede ser muy evidente para ti, pero no lo es para muchos de los ciudadanos ni para muchos profesionales de la historia; y esto último es lo más grave por ser ellos quienes reciben dinero del Estado no sólo para enseñar o investigar contenidos, sino sobre todo para, como he dicho, contribuir a que los ciudadanos reflexionemos sobre la temporalidad de toda identidad o valor esencialista y, consiguientemente, sobre la fragilidad de nuestro patrimonio democrático -como ha demostrado el ya famoso DBE- y los desafíos constantes de nuestra convivencia cívica. Confundir esta invitación a que los historiadores se hagan cargo de su responsabilidad para crear herramientas reflexivas con una invitación al todo vale, defensa de la Solución Final incluida, es simplemente una manifestación de que quizá vaya siendo hora de disolver algunos departamentos universitarios de historia. No sólo por pretender mermar nuestra disposición a entrar en diálogo sobre el pasado amenazándonos con ejemplos históricamente traumáticos que, al parecer, estamos condenados a repetir si los ciudadanos entramos en el reservado juego de la historiografía, sino también por seguir sin entender que el diálogo no es consenso ni común acuerdo, sino diversidad de puntos de vista que se manifiestan para que otros los comprendan y entren a su vez en resonancias y discusiones. Reordenar las condiciones para el diálogo entre los ciudadanos interesados en el pasado es una responsabilidad ineludible de los historiadores en una sociedad mestiza, hibridada, diversa, construida para la vida. Pretender asustarnos y paralizarnos con un pasado aterrador es más propio de fantasmas.
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Es obvio, para la inmensa mayoría, incluso para ellos mismos los propios franquistas que Franco fue un dictador, querer pues enmascarar una realidad no sirve, no es creible, pero duele a muchos, sobre todo cuando es una obra financiada por el estado y pagada por todos.
¿ Es que no hay manera de investigar y documentarse de los antecedentes de estos mal llamados " historiadores" antes de encargar una obra de tal magnitud?



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