Los agentes de la compañía privada de seguridad Blackwater dispararon sin motivo contra 14 de los 17 civiles iraquíes que murieron en un tiroteo en Bagdad el pasado septiembre, un incidente que causó conmoción en el país y puso de relieve los abusos de este tipo de mercenarios, contratados, en este caso, para proteger a los funcionarios del Departamento de Estado.

Las primeras conclusiones del informe, publicado ayer por el New York Times, afirman que no hay pruebas que demuestren que los empleados de Blackwater dispararon para defenderse de una emboscada. Una investigación anterior, llevada a cabo por el Ejército y que también recoge el diario, es aún más categórica al asegurar que ninguna de las muertes estaba justificada.

El tiroteo ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando un grupo de agentes de Blackwater disparó contra civiles que se encontraban en la plaza Nisur de Bagdad, causando 17 muertos y 27 heridos. El informe del FBI asegura que cinco de los guardias usaron armas automáticas y destaca a uno de ellos, el 'artillero número 3', como directamente responsable de 'varias muertes'.

El problema ahora para el Gobierno estadounidense es actuar. Las compañías privadas que operan en escenarios bélicos o semibélicos, como es el caso de Irak, Afganistán o Colombia, actúan en un limbo legal que deja impunes muchos abusos. Es difícil llevar ante los tribunales a estos 'nuevos mercenarios', como los describía reciente un informe de la ONU.

De hecho Blackwater goza de un acuerdo de inmunidad del Departamento de Estado que emplea a la compañía para proteger a sus 2.500 funcionarios. En virtud de este acuerdo, el FBI no ha podido acceder a las primeras declaraciones que hicieron los guardias momentos después del incidente, lo que ha complicado seriamente la investigación. La agencia federal sólo llego dos semanas después de los hechos y le costó encontrar pruebas.

El asunto está ahora en manos del nuevo Fiscal General, Michael Mukasey, que tomó ayer oficialmente posesión de su cargo. Pero el Departamento de Justicia no lo tiene nada claro. Una portavoz de Blackwater declaró ayer que la compañía se haría 'responsable si se ha cometido un delito' y afirmó que 'las personas que más saben sobre el incidente todavía no han hablado con los investigadores'.
Mientras, el Pentágono intenta poner un poco de orden. El mes pasado anuncio que coordinaría todas las actividades de estos contratistas privados en Irak para tratar de evitar nuevos incidentes.

Los familiares de algunos iraquíes que murieron en el incidente demandaron Blackwater por violar la ley y fomentar una cultura 'de anarquía legal' entre sus empleados. La demanda, presentada en octubre ante un tribunal de Washington, asegura que el tiroteo de septiembre fue un 'asesinato sin sentido'.