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Lucho Torres es un hombre con suerte. Sus enemigos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el temible grupo paramilitar contrainsurgente, no le encontraron en su pequeña aldea de El Salado. Alertado por las noticias de un recrudecimiento de matanzas en el departamento de Bolívar, en el norte del país, Torres había escapado a Cartagena de Indias.

El 20 de febrero de 2000, un batallón de 350 soldados de las AUC entraron en El Salado, donde era dirigente campesino. No tuvieron piedad. Se rifaron a las víctimas como piezas de caza. A unos les colgaron por el cuello. A otros los descuartizaron vivos. En medio de aquel delirio criminal, violaron a una adolescente hasta desgarrarle las entrañas. Dos días de feroz carnicería para limpiar el pueblo. Asesinaron a 32 personas.

La tercera jornada enterraron a los muertos. En fosas sin marcar. Alimento para La Manigüa, la voraz selva colombiana. El Salado se convirtió en un pueblo fantasma. "¿Cuántos campesinos y sindicalistas han muerto impunemente bajo la acusación de colaborar con las FARC?. Miles. Quien exige, reclama o denuncia los delitos del Estado se convierte en objetivo. Entra en la lista negra. Por eso soy un refugiado político en España", explica Torres.

El mismo pánico ha llevado a muchos campesinos de los departamentos de Nariño, Santander, Chocó, Caguán o Antioquia a huir de una muerte segura. La mayoría estaban en las listas negras de las aún activas bandas paramilitares de extrema derecha Organización Nueva Generación (ONG) y Águilas Negras, con más de 6.000 combatientes armados hasta los dientes. Su delito, defender la propiedad de sus tierras frente a la codicia de ganaderos y latifundistas.

Miles de desplazados

También de multinacionales sin escrúpulos como Chiquita Brands, que acaba de admitir que financió a las AUC hasta 2004. El resultado es que, según los datos de la ONU, Colombia tiene dos millones de desplazados internos. El segundo país del mundo tras Sudán.

El presidente Álvaro Uribe, que ganó dos elecciones con la promoción de un plan denominado "Seguridad democrática" -ingeniería militar para unas de las zonas más agrestes de la Tierra- olvidó que el 54% de la sociedad es pobre, la mayoría de ellos campesinos. Terreno abonado para la propaganda de grupos como las FARC.

"En Colombia no puede haber diálogo de paz porque no existe ningún conflicto armado. Lo que hay es un grupo terrorista al que debemos combatir", respondió el mandatario colombiano cuando se le cuestionó en su reciente visita a Madrid. No le gusta hablar de guerra pero su economía es la de un país en guerra. El gasto militar colombiano absorberá este año el 6,6% del PIB, un cifra récord que supera a la de EEUU y a la de cualquier miembro de la OTAN.

Para colmo, el Parlamento, valedor de la Ley de Justicia y Paz que el gobernante partido Colombia Democrática diseñó para desactivar a los 32.000 paramilitares de las AUC, se ha convertido en un ejemplo del corrupto capitalismo latinoamericano en su versión más salvaje.

Human Rights Watch denunciaba recientemente que "la falta de seriedad del Gobierno en el manejo de las desmovilizaciones está permitiendo que los paramilitares laven sus fortunas y legitimen su poder político".

Sólo una treintena han sido encarcelados pese a que casi 6.000 han descrito abiertamente su participación en masacres, secuestros y en tráfico de drogas. "Los obstáculos que se imponen desde el poder para establecer vínculos entre estos grupos y los responsables políticos es proverbial", comenta un español con lustros de experiencia colombiana.

Basta con repasar la lista de diputados, muchos de ellos bienamados en el hemisferio norte, del ordenador personal entregado por el jefe paramilitar Jorge 40 para hacerse una idea del abismo sobre el que se columpia Colombia.

El propio partido de Álvaro Uribe está salpicado gravemente por el paramilitarismo. Uno de sus fundadores, el senador Mario Uribe, primo del presidente, está siendo investigado por la fiscalía, y dos diputados ya se encuentran entre rejas.

"Los paramilitares son criminales socios del Estado en la sombra. Sólo cuando el poder dé las garantías propias de un Estado de Derecho, la gente del monte dejará las armas. El Estado debe reconocer que ha hecho una guerra muy sucia", escribía en enero el periodista y escritor Jon Lee Anderson .

Una comisión internacional de juristas y forenses acaba de investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia entre junio de 2002 y junio de 2007. Su conclusión es demoledora: 955 casos siguen impunes y otros 670 se encuentran en fase de investigación por la Procuraduría General de la Nación que, por el momento, sólo ha emitido 11 fallos disciplinarios.

"Huí por miedo", dice Gloria Mancilla, cuyo marido desapareció el 5 de septiembre de 1984 en una emboscada paramilitar cerca de Puerto Ballacá, donde surgieron las AUC. "La Comisión colombiana de juristas dice que hay 30.000 casos como el de mi esposo. No queremos. Sólo pedimos justicia y paz", apunta.