Los alemanes cuentan desde ayer con un nuevo derecho fundamental: el derecho a la privacidad de la información contenida en sus ordenadores personales.

El Tribunal Constitucional declaró nula una ley del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que permitía a las autoridades espiar el disco duro, chats y conversaciones telefónicas por Internet para prevenir atentados. Pero los jueces le han puesto las cosas difíciles al ministro federal del Interior, el democristiano Wolf-gang Schäuble, quien pretendía autorizar el espionaje on-line indiscriminado en una ley de reforma de la Oficina Federal de Investigación Criminal.

Los jueces dictaminaron que las autoridades pueden espiar datos de los ciudadanos, pero "sólo cuando bienes jurídicos de primer orden, como la vida humana o la existencia del Estado, estén amenazados por un peligro concreto". Además, es preciso que un juez ordene el espionaje, cosa que no estaba en los planes de Schäuble. Ésa fue la respuesta del tribunal a las demandas presentadas por una periodista, un político de La Izquierda y tres abogados.

Para el político verde Vol-ker Beck el dictamen es "una sonora bofetada" a Schäuble. En efecto, los lugares comunes con los que el ministro cimentó sus planes son desde ayer anticonstitucionales. Schäuble había justificado su proyecto de infiltración masiva a través de un virus en los ordenadores de los ciudadanos con la necesidad de "defensa ante un peligro inminente o comisión de delitos penales, que de otro modo sería imposible prevenir o mucho más difícil".

Uno de los abogados que interpusieron la demanda es el ex ministro del Interior Gerhart Baum, un veterano político liberal que consideró ayer que el Tribunal "ha hecho justicia una vez más a su papel de bastión contra la erosión de los derechos fundamentales".

El jurista Heribert Prantl comentó ayer en el diario Süddeutsche Zeitung que "el PC se considera ahora como encarnación de la privacidad, más que el teléfono, más incluso que la casa y el dormitorio".
Los alemanes, sin embargo, están divididos ante el espionaje del disco duro. Un 48% lo rechaza y un 46% lo aceptaría, según una encuesta de Forsa. Con su dictamen, el Alto Tribunal frena una vez más leyes antiterroristas planeadas o aprobadas después del 11-S, como la del ex ministro socialdemócrata Otto Schily, quien pretendía autorizar el abatimiento de aviones secuestrados. Los jueces le aclararon que no era legítimo "sopesar vida contra vida".

En los próximos meses, el Constitucional decidirá sobre el registro automático e indiscriminado de matrículas de vehículos que entran en el país y sobre otro controvertido plan de Schäuble: conservar durante seis meses datos de conversaciones telefónicas.