'Los rom (gitanos) son el último eslabón, los más débiles: por eso los persiguen'. El rostro de Stefania Vena, de 51 años, es el de la Italia que resiste. Un país diferente del que mostraron ayer al mundo Silvio Berlusconi y sus ministros al aprobar en Nápoles el decreto ley que ahonda el estigma de los inmigrantes sin papeles, paso previo a una ley que les asimilará a delincuentes y podrá incluso condenarles a hasta cuatro años de cárcel.

Italianos como Stefania, pero también inmigrantes, parados, sindicalistas y hasta un anciano jesuita, Domenico Pizzuti, todos en contra de la criminalización de quien es diferente, se manifestaron ayer en esta ciudad. Las nueve marchas estaban autorizadas pero no obtuvieron permiso para ir hasta la Prefectura donde se celebró el primer Consejo de Ministros de Berlusconi. Tuvieron que conformarse con acceder a la Plaza del Municipio, no muy lejana pero a prudente distancia de donde se aprobó el llamado 'paquete de seguridad'.

'Era necesario garantizar a los ciudadanos el derecho a no tener miedo. Antes de dos meses, todas estas normas entrarán en vigor', subrayó Berlusconi. Pero muchos italianos no están de acuerdo con esto, como los que se unieron a la manifestación de las víctimas de esta política, los inmigrantes, que partió por la mañana de la plaza Garibaldi.

Los primeros en llegar fueron los gitanos, rumanos y de la ex Yugoslavia, algunos de ellos antiguos habitantes de los campamentos de Ponticelli, de donde tuvieron que huir la semana pasada con lo puesto cuando un grupo de vándalos les quemó las chabolas.

María tiene ocho años y esa noche durmió con su familia en la calle. No va a la escuela; fue sólo una vez y al día siguiente 'le dijeron que no volviera'. Ahora, sujeta la pancarta que reza 'Ni racismo ni tolerancia, sino igualdad', pero pronto se cansa de corretear tras los senegaleses altos como minaretes que la circundan.

'El problema de Italia no son los sin papeles, señor Berlusconi', se desgañita por el megáfono el marfileño Abobubakr Soumahoro, el joven líder de la Red Antirracista Napolitana, 'el paro, la carestía de la vida, el no poder pagar la hipoteca: esos son los verdaderos problemas de los italianos'. Y mientras bajan por el Corso Umberto I, algunos de los estudiantes que se han asomado a las puertas de la Facultad de Derecho aplauden.

Zumbretta Bayrami es una de esas personas cuya existencia no conviene a quien defiende el estereotipo del gitano ladrón y vago. Esta mujer de 32 años, que a veces le arranca el megáfono de las manos a Aboubakr, se quedó sola con sus tres hijos nada más llegar a Italia cuando su marido murió electrocutado en el campamento donde vivían.

Tras quedar viuda, Zumbretta no hizo ascos a los más variados trabajos. 'Excepto prostituirme y mendigar, he hecho de todo', dice. Ahora es mediadora cultural y ya no vive en una chabola, sino en un piso alquilado en un barrio 'normalísimo': Camadoli. El alquiler se come la mitad de los 650 euros que cobra. La mayor de sus vástagos, Samanda de 17 años , camina a su lado.

Con tantas declaraciones de los ministros italianos sobre los extranjeros que vienen a Italia a delinquir, secundado por el bombardeo de los periódicos y las televisiones de Berlusconi  sobre los rumanos violadores, las gitanas que raptan niños y los inmigrantes criminales, sorprende la escasa presencia policial. Cascos y porras ociosos, colgando inertes de sus cinturones, una docena de policías abren la marcha mientras hasta el comisario, con cierta sorna, aplaude.

Pero ¿son tan racistas los italianos como podría parecer a juzgar por la política de quien han elegido para gobernarles? Los viandantes que escuchan respetuosamente a Stefania Vena, que reparte octavillas, no tienen pinta de ser más xenófobos que el resto de europeos. Jamal Qaddoura, un palestino que dirige la sección de inmigración de la Confederación de Trabajadores Italianos, explica que lo que está sucediendo en Italia es que ahora 'el racismo viene de las instituciones'.

La precariedad en la que viven muchos de los inmigrantes en Italia, con o sin papeles,  no debería bastar para criminalizarlos. Hacerlo sería equiparable a considerar sospechoso al viejo italiano sin recursos que vendía silbatos ayer a los inmigrantes que marcharon por el centro de Nápoles.