A las siete de la tarde, justo después de la intervención del jefe de la delegación española en Dublín (Irlanda), parece confirmarse que la mayoría de los más de cien gobiernos presentes apoyarán el texto del Tratado Internacional que prohibirá las bombas de racimo. El texto se ha adoptado tras diez días de intensas deliberaciones, y supone un avance decisivo en materia de desarme y en lo que concierne al Derecho Internacional Humanitario.

El Tratado plantea una prohibición categórica de todas las bombas de racimo. Hasta el momento ha sido apoyado por el Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros países europeos, y casi cien países de América Latina, África y Asia, además de por Australia. Todo ello significa no sólo una prohibición, sino una condena moral que hará que incluso los países no signatarios del Tratado tengan muchos problemas si deciden volver a utilizarlas.

Se trata de un texto muy avanzado que incorpora compromisos claros en asuntos muy importantes para la sociedad civil, como la asistencia a las víctimas, la cooperación internacional, la destrucción de arsenales y las medidas de transparencia.

No obstante, en otros temas también nos hubiera gustado, igual que a la delegación oficial española, ir más lejos. Uno de ellos es la interoperabilidad, es decir, el uso de estas armas en maniobras militares conjuntas entre los Estados parte y no parte del Tratado Internacional (principalmente EEUU y sus socios de alianzas militares).

Ha sido importante la posición, conocida hoy (por ayer), del Reino Unido. Pero una cosa está clara. Ni esta posición, ni la del Gobierno español asumiéndola después, hubiera sido posible sin una presión sostenida y tenaz ejercida por la sociedad civil. Más de 200 organizaciones han seguido e impulsado todo el proceso, y han estado presentes en Dublín para defender los intereses de las víctimas.

A la espera de que todo esto concluya este viernes a mediodía, es obvio que el Gobierno español tiene que empezar a planificar la prohibición de estas armas, la destrucción de todos los stocks y el cese de la fabricación por parte de las empresas. Un gesto importante sería que formara parte de los 30 primeros países que deben ratificarlo para que el Tratado entre en vigor.