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Un coche bomba, supuestamente de las FARC, mató a cinco personas e hirió a 26 en Cali ayer. - REUTERS

La percepción internacional y las mediciones sobre la seguridad en Colombia tienen dos fuentes principales. La primera son los informes oficiales en materia de derechos humanos y en seguridad cuyos resultados están destinados a mantener la inversión extranjera.

La segunda procede de las organizaciones civiles que hacen un seguimiento de la situación de los derechos humanos. Ambas lecturas son antagónicas. Mientras el Gobierno pregona el aumento de la seguridad, las ONG y los organismos multilaterales siguen situando a Colombia como uno de los países con mayor nivel de violación de los derechos humanos en el mundo.

Para entender esta contradicción habría que mirar al pasado. Entre los años 1998 y 2002 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, las masacres, los desplazamientos forzados y las ejecuciones extrajudiciales llegaron a su punto álgido en el momento de la elección de Álvaro Uribe como presidente del país, con un 66,2%, según datos oficiales.

Curiosamente en 2003, las mismas fuentes registraron una caída de casi diez puntos en los homicidios, sin que hubiera entrado a operar ningún tipo de política gubernamental en materia de protección a los derechos humanos.

Las fuerzas militares difundieron que su efectividad en la lucha contra el crimen se había multiplicado, aunque sus cifras sólo fueron medidas en base a las bajas o capturas de guerrilleros. Este juego de números contribuyó a crear un sofisma de confianza hacia el Gobierno de Uribe, mientras la sociedad civil seguía denunciando todo tipo de atropellos que quedaban impunes.

Ejércitos privados

En los últimos cinco años han cambiado algunas cosas. Tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los ejércitos privados del narcotráfico se han fortalecido a la sombra de nuevas bandas armadas y grupos paramilitares perfeccionados en el asesinato selectivo y la eliminación de organizaciones críticas con su actividad.

Esta situación ha desembocado en un escenario paradójico: mientras el Gobierno centra su energía en combatir a las guerrillas, las ciudades intermedias y ciertas regiones asisten atónitas al incremento de grupos criminales ante la respuesta vaga de la Presidencia de la República.

También se ha modificado la forma de evaluación de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos. Los homicidios políticos han bajado sustancialmente no porque exista un número menor de población asesinada, sino porque son contabilizados como delincuencia común o como bajas de la fuerza pública.

A pesar de esta triquiñuela oficial, la tendencia de la tasa de homicidios en 2007 volvió a crecer por culpa de la actividad de los nuevos grupos paramilitares y de los ejércitos privados del narcotráfico en ciudades donde antes no había violencia.

El grave error de Uribe es presentar a las FARC como el mayor problema del país, a pesar de que ni los datos oficiales consideren ya relevante su actividad armada. El tráfico de cocaína es el tema crucial. Colombia no ha dejado de exportar ni un gramo con Uribe en el poder, ni tampoco ha desmantelado las estructuras paramilitares que han terminado provocando una de las peores crisis humanitarias del mundo.

En la actualidad, 65 congresistas son investigados por la Justicia o están en prisión por vínculos con paramilitares y narcos. Pero nadie ha mostrado su intención de reconocer la existencia de mafias en los círculos de poder y, por tanto, nadie desea una política más humanitaria. En la actual tesitura, pensar en un cambio, más que improbable, parece imposible.