La muerte de un adolescente a manos de un policía llega en un momento delicado para el Gobierno de Costas Karamanlis. En los últimos meses, este veterano político conservador ha visto como su popularidad decrecía al mismo ritmo que aumentaba el descontento, sobre todo entre las clases populares griegas, las que más están notando el impacto de la crisis económica.

En Grecia persiste una severa brecha entre ricos y pobres y, según los sindicatos helenos, uno de cada cinco ciudadanos de este país gana menos de 5.000 euros al año y vive por debajo del nivel de la pobreza.

Por si esta precariedad no fuera suficiente, varios ministros del Gobierno griego se han visto salpicados por diversos escándalos de corrupción. Por citar uno de los últimos, en septiembre de este año, el titular de Marina Mercante, Yorgos Vulgarakis, se vio forzado a dimitir tras salir a la luz los lucrativos negocios que su familia había hecho aprovechándose de su cargo.

Karamanlis ha perdido ya a algunos de sus colaboradores y ayer se negó a renunciar a otro. Rechazó la dimisión que, tras el asesinato del joven de Atenas, le había presentado de madrugada el ministro del Interior, Prokopis Pavlopoulos.

Si los escándalos de corrupción no bastaban, la política económica y fiscal del Ejecutivo griego ha terminado de ensombrecer su imagen. Karamanlis ha subido los impuestos y anunciado privatizaciones de empresas públicas, austeridad en el gasto y recortes de las pensiones. Estas medidas hacen temer a los sindicatos que muchos más griegos engrosen las filas de los pobres de solemnidad.

El 21 de octubre, una huelga general convocada por las centrales sindicales mayoritarias paralizó el país. La convocatoria se lanzó bajo un lema que lo dice todo: 'No aguantamos más'.