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Miembros del Ejército colombiano custodian en una base militar a las afueras de Medellín cinco cuerpos de guerrilleros de las FARC abatidos. - FREDY AMARILES/AFP

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha retirado del servicio activo al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Guillermo Quiñónez.

Con la destitución de Quiñónez, ya son 29 los militares que en menos de dos meses ha sido separados de sus cargos, destituidos o que han pedido la baja del servicio.

La decisión fue ratificada por el Presidente Uribe y por el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en el decreto 4767, que fue entregado horas después al general Quiñónez una vez el Ministro le notificó personalmente su destitución, según el periódico colombiano El País.

Al enterarse de la decisión, Quiñónez leyó en la tarde del sábado (madrugada del domingo en España) un comunicado ante la prensa y criticó las "decisiones politizadas, arbitrarias e injustas" del ministro de Defensa. "[2008] ha sido el peor año de las FARC, pero también ha sido funesto para nuestro glorioso Ejército Nacional porque ha perdido a los mejores comandantes y líderes", añadió el general destituido.

El jefe de Operaciones del Ejército, con una experiencia de 34 años en la institución castrense, llevaba cuatro semanas en el cargo de jefe del Estado Mayor y anteriormente era el comandante de la IV División Militar.

El general estaba en el punto de mira después de que Uribe regañara públicamente a la IV División por la falta de resultados en la detención de varios de los narcotraficantes y paramilitares más importantes del país, que habitan en la zona que depende de esa división.

Se refería, en especial, a los Daniel Barrera, alias El Loco y Pedro Guerrero, alias Cuchillo.

"No se pongan a deliberar conmigo. Sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo", protestó Uribe, según publicó en su día el diario El Tiempo. "Dónde está El Loco Barrera, dónde está Cuchillo, que los capturen o que nos digan dónde están. No se puede dar la sensación de que ocultan a esos bandidos".

Ejecuciones extrajudiciales

A pesar de este desencuentro, el incidente parecía superado y Quiñónez se trasladó a Bogotá el 1 de diciembre pasado para asumir su nuevo cargo.

La IV División, con sede en Meta, también ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos como responsable de presuntas ejecuciones extrajudiciales en ese departamento.

El llamado escándalo de los falsos positivos, como se denomina a los civiles asesinados y mostrados como guerrilleros abatidos en combate por unas fuerzas armadas a las que se dan incentivos económicos por el número de guerrilleros muertos, ha tomado fuerza en los últimos meses y ha precipitado una cadena de destituciones en el Ejército.

La crisis la desató el hallazgo, en fosas comunes de cementerios, de los restos de una veintena de jóvenes que desaparecieron en una población vecina a Bogotá y que habían sido registradas y sepultados por tropas militares como rebeldes muertos en combate.

Los restos eran de jóvenes de Soacha que desaparecieron después de haber recibido ofertas para supuestos trabajos, en un caso que ha hecho que se desvelen muchas otras desapariciones similares en muchas regiones del país.

Un total de 28 oficiales, suboficiales y soldados han sido separados o destituidos a raíz de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el nordeste de Colombia, según Efe.

Entre los militares de alto rango que han abandonado la institución figura el ex jefe de la fuerza, el general Mario Montoya, que pidió el retiro el mes pasado tras una purga en el Ejército.

Acusación injusta

En el comunicado que leyó, Quiñónez subrayó que aunque tenía ciertos reparos y pudo haber pedido la baja del servicio, decidió continuar. "Aunque tuve la oportunidad de solicitar el retiro, deseando servir a mi país hasta el último minuto y por el compromiso con mi institución, decidí permanecer hasta el final, porque pienso que de lo contrario estaría en algún modo aceptando una acusación injusta y falsa", señaló.

Fuentes gubernamentales precisaron que el decreto de retirada del militar fue promulgado el pasado 18 de diciembre. Como jefe del Estado, Uribe tiene la facultad discrecional para destituir a mandos de la Fuerza Pública.