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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron un presunto líder del brazo armado de Hamás, Shalah Shehade, y 14  civiles.

Andreu adopta esta decisión en un auto en el que admite a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por el lanzamiento por parte de un F-16 israelí de una bomba de una tonelada contra la vivienda de Shehade.

En el auto hecho público hoy, Andreu destaca que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".

El juez concluye que, en virtud de la legislación española y de los acuerdos internacionales firmados por España, la Audiencia Nacional es competente para investigar los posibles delitos contra la humanidad cometidos fuera de España aunque en ellos no esté implicado, como víctima o como ejecutor, ningún ciudadano español.

Este mismo principio podría aplicarse para admitir a trámite la querella interpuesta el pasado día 16 por la Asociación Intercultura contra el Estado de Israel por la última ofensiva en Gaza, en la que se calcula que murieron más de 1.200 palestinos.

Si prosperase esta nueva querella, que ha recaído por reparto en el juez Ismael Moreno, podrían resultar imputados por un delito de crímenes de guerra y contra la humanidad el primer ministro de Israel, Ehud Olmert; la ministro de defensa, Ehud Barak, y la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, contra los que va dirigida la querella.

Ataque desproporcionado

En el caso de 2002, el magistrado Andreu considera que el ataque, en el que un caza F-16 lanzó sobre uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo, el el barrio de Aldaraj de la ciudad de Gaza, una bomba de una tonelada de peso, fue "desproporcionado y excesivo".

"Las Fuerzas Armadas de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar, decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia, que produjo, además de la muerte de Salah Shehadeh, la de otras 14 personas, así como heridas de diversa consideración a otros 150 palestinos, entre ellos niños y bebés", subraya el auto.

Shehade era el hombre más buscado por el Ejército israelí en la época. Más que su asesinato, fuel modus operandi de Israel lo que traumatizó a la población palestina, que prometió venganza por la acción. Además, en esos momentos se estaba fraguando un principio de acuerdo de paz entre Hamás y Sharon que después del ataque se truncó.

La querella, que fue presentada en junio pasado por familiares de varias de las víctimas del ataque del Ejército israelí, también estaba dirigida contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon, que se encuentra en coma profundo desde el año 2005, un extremo sobre el que el juez Andreu no se pronuncia en su auto.

Además de al ex ministro de Defensa, el juez ha imputado un delito contra la humanidad al comandante de la Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF), Dan Halutz; al general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de Defensa, Moshe Ya'alon, y al director de los grupos especiales del Ejército, Abraham Dichter.

Reacción de Israel

El magistrado pide a Israel que dé traslado de la querella a los siete imputados y que les comunique que se ordenará su declarción ante su juzgado en fechas todavía por concretar. Además, Andreu pide a la Autoridad Nacional Palestina permiso para viajar a Gaza a fin de interrogar "in situ" a la víctimas del ataque aéreo.

Los medios israelíes se han hecho eco de la información y de la reacción de su gobierno. El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, afirma que que "hará todo" por anular la querella. "Fuentes oficiales" del Gobierno israelí dicen que España "no puede pretender participar en el proceso de paz y al mismo tiempo ser parte del problema". Y un paso más llá, el ex primer ministri y líder del ultraconservador Liky, Benjamin Netanyahu, califica de "ridícula" la decisión el juez español, según recoge el diario Haaretz.