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Moratinos y Livni conversan en Tel Aviv en septiembre de 2008.

La ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, se presentó ayer ante la opinión pública de su país proclamando que España dejará de procesar militares y políticos israelíes por crímenes de guerra. La candidata del partido Kadima para las elecciones del próximo febrero aseguró en la televisión israelí que el Gobierno español se ha comprometido a cambiar la legislación que permite a la Justicia investigar delitos fuera de sus fronteras.

Las autoridades israelíes están indignadas con el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imputa a un ministro y seis militares israelíes por la muerte de 15 palestinos durante un bombardeo en Gaza en 2002.

"El ministro de Exteriores español Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación en relación con la jurisdicción universal y que eso puede evitar el abuso del sistema legal español", declaró Livni.

Fuentes del Ministerio de Exteriores israelí dijeron que aunque la modificación legislativa no afectará al procedimiento abierto por el juez Andreu, Miguel Ángel Moratinos también se comprometió a que éste asunto reciba un trato especial.

La versión del Gobierno español sobre la conversación telefónica mantenida ayer entre Livni y Moratinos es distinta. Según Moncloa, se está estudiando desde hace tiempo unos ajustes que afectan al principio de la Justicia universal. Las mismas fuentes subrayaron que este proceso de ajuste no se debe a la reacción israelí al auto del juez Andreu.

Sólo un día después de que el juez Andreu tomara la decisión que implica la imputación de siete responsables militares israelíes en 2002, el embajador de su país en España, Raphael Schultz, hizo llegar de forma oficiosa al Juzgado Central de Instrucción número 4 alrededor de 300 folios en hebreo e inglés con la información que el magistrado había solicitado el pasado mes de agosto.

Esperando la documentación

La Audiencia que tendrá que esperar a que la documentación llegue por la vía oficial, es decir, a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia procederá a traducir la información recibida para comprobar si efectivamente incluye todos los datos solicitados sobre la existencia o no de procedimientos judiciales en Israel. De ello depende en gran medida el porvenir de la investigación abierta en España, que se basa en el principio de persecución universal previsto para ciertos crímenes de especial gravedad.

Ante la falta de respuesta de Israel a la comisión rogatoria (ayuda judicial internacional) cursada hace cinco meses, el juez Andreu procedió a admitir a trámite la querella presentada contra el ministro de Defensa israelí en 2002, Benjamín Ben Eliezer, y otros seis mandos militares por un delito de crímenes contra la humanidad. Se entiende desproporcionado el ataque, "ya de inicio ilegítimo", porque su objetivo era el "asesinato" del presunto miembro del grupo islámico Hamás Salah Shehade. La bomba de una tonelada lanzada sobre el barrio de Al Daraj de Gaza el 22 de julio de 2002 mató a Shehade y a otras 14 personas y causó heridas a 150.

Procedimientos en Israel

La fiscal de la Audiencia Nacional adscrita al caso, Ana Noé, que se encuentra estos días de baja, solicitó al juez Andreu el 14 de julio del año pasado que antes de decidir si admitía a trámite o no la querella pidiese información a Israel sobre la existencia de procedimientos judiciales en dicho país por este ataque.

Fuentes fiscales confirmaron ayer que la posición del Ministerio Público continúa siendo la misma. Es decir, considera imprescindible conocer si hay alguna causa abierta en el lugar donde se cometieron los crímenes para apoyar la apertura del procedimiento en España o, por el contrario, solicitar el archivo.