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Dos hombres trabajan en el campo de Bolivia.

Miguel Corrales nació esclavo hace 36 años. Su madre lo parió en el suelo terroso de su choza, situada dentro de la parcela de media hectárea que el patrón de la hacienda, Ernesto Chávez, les dejó para una imposible subsistencia. Apenas dio sus primeros pasos, este guaraní comenzó a trabajar arreando ganado.

No sabe lo que es un hospital. Menos una escuela. La única vida que conoció es la de la servidumbre. Desde su "comunidad cautiva", una especie de prisión verde en la zona del Alto Parapetí, unos 300 kilómetros al sur de Santa Cruz, la capital departamental, Miguel se ha jurado no morir esclavo.

"Mis padres comían como perritos alrededor de una bandeja en el suelo donde los patrones tiraban la comida. Mi madre murió así, encarcelada y con miedo.

Ya no tengo miedo a los patrones. Mi único miedo es repetir la historia de mis padres". El relato de Miguel podría ser el de cualquiera de los 77.000 guaraníes distribuidos en el Chaco boliviano, que ocupa parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

La ambiciosa reforma de la propiedad de la tierra impulsada por el presidente Evo Morales quiere acabar con la explotación indígena. Para conseguirlo, ha ordenado expropiar todas las tierras improductivas o que dañan el medio ambiente y distribuirlas entre los indígenes que las trabajan desde hace décadas como asalariados, sin ningún derecho sobre ellas.

Batalla legal contra la esclavitud

La batalla empezó hace más de 15 años, y obtuvo sus primeras victorias en los tribunales. En el Alto Parapetí natal de Miguel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo confirmaron en 2005 que los indígenas son sometidos a un régimen de servidumbre. Según la Cruz Roja, alguna forma de esclavitud persistía en al menos 26 de las 40 grandes haciendas de la zona en 2006.

"La falta de acceso a la tierra está en el centro de la explotación indígena", explica Ramiro Valle Mandepore, abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), fundado hace tres décadas por el sacerdote catalán Xabier Albó.

Hacia 1994, los guaraníes comenzaron a organizarse muy lentamente para revertir el destierro sufrido tras la batalla de Kuruyuki en 1892, cuando los militares bolivianos masacraron a los kereimbas (guerreros) y expulsaron a los guaraníes de sus tierras. Se organizaron en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que en el Alto Parapetí representa a unas 583 familias (2.762 personas).

En 1997, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) admitió la primera demanda de la APG y declaró 54.000 hectáreas tierras comunitarias de origen. Si bien se dictó su saneamiento (es decir, la comprobación de que esas tierras cumplen una función económica y social y, en caso contrario, pueden ser expropiadas y devueltas a los pueblos indígenas), hasta la llegada de Evo Morales la demanda quedó congelada.

Según datos del INRA, de las 106 millones de hectáreas cultivables en Bolivia actualmente, el 35,3% está saneado, el 12,5% está en proceso y la mitad restante está por sanear.

El pasado 25 de enero, los bolivianos decidieron en las urnas por abrumadora mayoría el 82% fijar en 5.000 hectáreas la extensión máxima de un latifundio. Santa Cruz arrojó una enorme paradoja. Aunque en mayo de 2008 se aprobó un estatuto autonómico que buscaba blindarse de esta reforma agraria, el 66% de sus ciudadanos apoyó la postura defendida por Evo Morales en la nueva Constitución del país.

Minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Viru Viru, la postal agrícola cruceña impacta. El departamento representa el 33% del territorio boliviano y el color verde soja omnipresente es un mazazo para los ojos. En su espesura fluorescente se oculta la oscura realidad del llano.

Herbicida versus medio ambiente

Desplazados de sus territorios originarios, guaraníes, chiquitanos, guarayos, ayoreos y yucaré-mojeños, conviven con la explotación. Soja versus pachamama (madre Tierra). Herbicidas versus cuidado del medio ambiente. Concentración de la riqueza, esclavitud y destierro.

Alto Parapetí es una de las zonas más calientes del conflicto. Para llegar, hay que recorrer 294 kilómetros hacia el sur de Santa Cruz. La distancia, en taxi, obliga a cinco horas de amores desgarradores al son de la cumbia a todo volumen. El camino atraviesa Ñancahuazú, la localidad que dio nombre al grupo guerrillero comandado por Ernesto Che Guevara entre 1966 y 1967. Al volante, Carlos, de origen guaraní, masca coca.

Los grandes terratenientes, en alianza con los grupos de poder político, económico y mediático regional, organizaron en 2007 "Comités de defensa de la tierra" y grupos de choque armados para sabotear cualquier into de expropiación.

El 13 de abril de 2008, los técnicos del INRA y la APG intentaron ingresar en La Caraparicita, una hacienda de más de 20.000 hectáreas que cuenta con una pista de aterrizaje para aviones. Su dueño, el estadounidense Ronald Larsen, los sacó a tiros de escopeta. Hubo 47 heridos. Incluso el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, sufrió el ataque del ganadero.

La organización, por un lado, y la recuperación de la tierra por el otro, son claves para acabar con la explotación indígena. "Nuestra situación es muy difícil. No hay trabajo ni comida. Pero confiamos en recuperar a nuestros hermanos para volver a nuestro territorio", explica José Luis Terrazas, de 20 años, que es delegado de salud de la localidad de Yeiti.

En dos años, los guaraníes han liberado dos asentamientos, Tacete e Iviyeca. En total, son 600 hectáreas en las que viven 20 familias. "Es un comienzo. No se apropiarán más de nuestra mano de obra con la que construyeron su riqueza. Vamos a liberar a nuestro pueblo y a reconstruir nuestro territorio", se entusiasma José Luis. Confía en que el Gobierno de Morales le dará a cada integrante de la APG el promedio de 50 hectáreas per cápita que reclaman.