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Pescadores en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental y el mayor puerto sardinero del mundo. - A.Senna/ afp

"En el polígono industrial de El Aaiún", cuenta Carmen Giner, del Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), "las empresas se ocultan tras muros blancos. No se ven marcas en los camiones ni carteles: saben que lo que hacen no es ético".

Empresas como la conservera de pescado española Jealsa Rianxeira, a través de su filial marroquí Damsa, o FMC Foret, fabricante de productos químicos, están presentes en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en el caso de la primera, o bien, como la segunda, compran los fosfatos de la mina de Bucraa explotados por el consorcio estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP).

Estas y otras actividades, denuncia Giner, "violan las leyes internacionales" porque Marruecos carece de título "de soberanía o de administración del territorio y no tiene derecho a beneficiarse de unos recursos que, según la ONU, pertenecen a la población autóctona: los saharauis".

WSRW es una red internacional que desde 2005 ha hecho de la denuncia de lo que definen como un "expolio" su causa. Pero esta organización, que ha logrado que "compañías como Iberdrola se replantearan" su presencia en la ex colonia española, no sólo tiene en su punto de mira a Marruecos. También a los gobiernos, sobre todo el español y el francés, la UE, y todas las empresas que se benefician de unos recursos "que no revierten en los saharauis", explica Giner.

Desde que en 1975 Marruecos ocupó el Sáhara Occidental, Rabat ha explotado las riquezas de esta región de 284.000 kilómetros cuadrados que considera parte de su territorio. La comunidad internacional ha mantenido desde entonces una actitud ambigua: por un lado, la ONU reconoce la ilegalidad de la anexión marroquí e insta a respetar el derecho de autodeterminación de los saharauis; por otro, los Gobiernos, la UE y siguiendo su ejemplo las empresas han optado por el pragmatismo y aceptado negociar con las autoridades marroquíes para beneficiarse de las dos riquezas fundamentales del Sáhara: la pesca y los fosfatos.

El valor de este último producto, que se emplea sobre todo para obtener fertilizantes, ha ido al alza en los últimos años, "llegando a multiplicarse por ocho", señala WSRW en uno de sus informes.

Mientras, en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, una gran parte de la población saharaui 160.000 personas, según el Frente Polisario vive de la ayuda internacional. Unos donativos cuyo importe es ínfimo si se compara con el dinero que Marruecos obtiene de los recursos del Sáhara, y que apenas cubre las necesidades básicas de una población a la que una alimentación precaria provoca constantes problemas de malnutrición y anemia.

Pero no sólo los refugiados de Tinduf viven en la precariedad. Según Javier García Lachica, ex coordinador internacional de WSRW, las empresas instaladas en el Sáhara Occidental "siempre dan prioridad a los marroquíes en detrimento de los saharauis, eso cuando no los despiden", dice.

Según este militante, ese fue el caso de Soltana Amidane, una saharaui que "fue despedida de una ONG portuguesa a causa de las presiones de la Policía marroquí".

Acuerdos "ilegales"

La explotación de recursos por parte de Marruecos "destruye además el tejido de actividades tradicionales saharauis, como la pesca artesanal".

En Marruecos, es un secreto a voces que los pingües beneficios que se han obtenido de los sucesivos acuerdos de pesca con la UE que el Frente Polisario ha denunciado en vano por considerarlos ilegales van a parar a los bolsillos de altos personajes del régimen. España ha sido la principal beneficiaria de estos convenios.

WSRW sostiene que el problema no es ya que las empresas contraten o no a saharauis, sino que "para explotar los recursos de un territorio no autónomo como este habría que consultar al único y legítimo representante del pueblo saharaui: el Frente Polisario".

El abogado José Manuel de la Fuente, presidente del Observatorio de Derechos Humanos en el Sáhara de Badajoz, confirmó a Público que la ONU considera esta región un Territorio No Autónomo, aún por descolonizar.

Este experto remite al dictamen sobre este asunto de Hans Corell, entonces vicesecretario general de la ONU para Asuntos Legales, del 29 de enero de 2002. Interrogado sobre la legalidad "en el contexto del derecho internacional" de la oferta y firma de contratos por parte de las autoridades marroquíes con empresas extranjeras (Kerr McGee y TotalFinaElf para la exploración en busca de petróleo), Corell concluyó que "a pesar de que dichos contratos no son en sí mismos ilegales, si continúan las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población autóctona, se estarían violando los principios de la legalidad internacional".

La "punta del iceberg"

Público se puso en contacto con dos de las empresas objeto de la denuncia de WSRW. Jealsa Rianxeira prefirió "no pronunciarse", mientras que FMC Foret leyó por teléfono un comunicado en el que sostenía que su proveedor marroquí, la OCP, "cumple todas las obligaciones legales internacionales como potencia administradora". Una condición legal que el dictamen Corell niega de forma explícita a Marruecos.

Pero estas empresas son sólo "la punta del iceberg", subraya WSRW, que considera que estas actividades "legitiman la ocupación marroquí", y denuncia que Marruecos también vende arena a Canarias, ofrece paquetes turísticos y ha sacado a concurso la construcción de complejos turísticos.

Ante lo que Bucharaya Beyún, delegado saharaui en España, definió como "una explotación feroz" de las riquezas de la ex colonia, el Frente Polisario ha reactivado la batalla por los recursos naturales. En enero, decretó una Zona Económica Exclusiva en aguas saharauis.

Beyún explicó a Público que su movimiento no cejará en su reclamación del derecho de su pueblo a explotar las riquezas de su tierra.