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Bush y su entonces fiscal general Gonzales, tres meses antes de que tuviera que dimitir, en 2007.

George W. Bush puede seguir descansando en Texas, pero deberá tener al menos un ojo puesto en España: un grupo de abogados ha presentado a la Audiencia Nacional la primera querella criminal contra algunos miembros de su Gabinete por el atropello de derechos básicos internacionales y torturas en la base de Guantánamo.

La querella, presentada el 17 de marzo, está ya en la mesa del juez Baltasar Garzón. Y aunque formalmente aún no la ha aceptado a trámite, ya ha tenido consecuencias: fuentes jurídicas explican que el juez ha emitido una providencia en la que pide a la fiscalía que examine la querella, que no va directamente contra Bush sino contra el equipo de abogados de la Casa Blanca y el Pentágono que construyó todo el andamiaje que justificó Guantánamo y el uso de la tortura en la "guerra contra el terrorismo".

La querella está impulsada por cuatro abogados Gonzalo Boyé, Isabel Elbal, Luis Velasco y Antonio Segura con experiencia en causas de delitos contra la humanidad, que no se circunscriben al lugar donde se cometen sino que, por su gravedad, son perseguibles en todo el mundo. El equipo jurídico es el mismo que promovió la querella contra el ex ministro de Defensa israelí Binyamin Ben Eliezer por su responsabilidad en la muerte de los 14 civiles en un bombardeo en Gaza en julio de 2002. Esta última querella ya fue admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, lo que provocó la indignación del Gobierno israelí.

La nueva querella presentada obligará a la Audiencia Nacional a abordar el caso sobre Guantánamo en nombre de la jurisdicción universal al considerarse pisoteados principios fundamentales como el rechazo de la tortura. Pero los querellantes han encontrado una fórmula para encontrarle conexión también con España y reforzar así sus posibilidades: recuerdan que el juez Baltasar Garzón abrió procedimientos contra cinco personas por su presunta vinculación a una eventual célula española de Al Qaeda Lahcen Ikassrien, Hamed Abderrahman Ahmed, Reswad Abdulsam, Abu Anas y Omar Deghayes y que pasaron por Guantánamo. Los cinco fueron finalmente absueltos por el Tribunal Supremo al considerar precisamente que no podían tenerse en cuenta las declaraciones sonsacadas bajo tortura en Guantánamo.

Margen amplio

Esta conexión es la que ha dado pie a Garzón a reabrir ese caso y a pedir a la fiscalía que se pronuncie sobre si la nueva querella lo altera en la medida en que habría que enjuiciar a los responsables de las torturas, que fueron determinantes para la sentencia. Ésta sería una vía para vehicular la querella. La otra sería admitirla a trámite como una causa independiente.

El único precedente a la querella presentada ante la Audiencia Nacional se dio en Alemania en 2006 y fue archivada. Pero en aquella ocasión se apuntaba directamente a lo más alto Bush y a su hombre en el Pentágono, Donald Rumsfeld y por acusaciones tan globales y filosóficas que acabó en nada.

La querella presentada ahora en Madrid es mucho más concreta y posibilista. No señala directamente al primerísimo nivel, sino a los juristas que elaboraron por escrito toda la doctrina que argumentaba que las normas internacionales del trato a los prisioneros debían suspenderse como consecuencia de la excepcionalidad de la "guerra contra el terror" emprendida tras el 11-S.

Los acusados son Alberto Gonzales, asesor de Bush cuando se diseñó la nueva política y posteriormente fiscal general; David Addington, consejero del vicepresidente, Dick Cheney; William J Haynes, consejero del Departamento de Defensa, que dirigía Donald Rumsfeld; Douglas Feith, subsecretario para asuntos legales de Defensa, Jay S. Bybee, asistente del fiscal general, y John Yoo, otro asistente jurídico del primer Gobierno de Bush, el que creó Guantánamo.

Expertos consultados ajenos a la querella subrayan que tiene muchas más posibilidades de prosperar que en Alemania precisamente porque no se apunta tan alto. Obviamente, dirigentes de más rango podrían incluirse si la causa finalmente se aceptara a trámite, como queda claro en la propia querella: "Sin perjuicio de las personas que posteriormente, y avanzada la investigación, puedan aparecer también como responsables de los hechos aquí expuestos".

Los mismos expertos recalcan otro elemento distinto con respecto a Alemania: la legislación española es mucho más abierta a investigar violaciones contra la ley internacional en todo el mundo, como ha quedado claro con los procesos abiertos contra dictadores latinamericanos, la guerra de los Grandes Lagos y la actuación israelí en Gaza, entre otros. En España, la legislación universal es absoluta, lo que hace mucho más fácil que se admita a trámite.

Memorandos internos

La querella aporta algunos memorandos internos recientemente desclasificados del equipo de juristas de Bush en el que se detalla la nueva política de situar la "guerra contra el terrorismo" al margen de los tratados internacionales suscritos por EEUU, como las Convenciones de Ginebra, en las que se regula el trato que debe darse a los detenidos, o la Convención contra la Tortura.

El documento, de casi 100 páginas, constituye una crónica exhaustiva de cómo la Administración de Bush armó un nuevo corpus legal que echó por la borda toda una tradición legalista de más de 200 años. Los documentos muestran que los asesores de Bush conocían la ley internacional y la violaban conscientemente, según los querellantes.