Venezuela vive desde hace semanas un nuevo culebrón político, con los ingredientes habituales de las famosas telenovelas: mucho suspense, muchos capítulos y desenlace inesperado. Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y candidato opositor derrotado por Chávez en las elecciones presidenciales de 2006, ha pedido asilo político en Perú tras permanecer varias semanas huido de la Justicia y en paradero desconocido. En una intervención televisiva desde Lima, Rosales, con su habitual estilo anodino que no abandona ni en los grandes momentos, insistió en que 'soy víctima de una andanada de acusaciones falsas, se me han violado todos mis derechos, se ha irrespetado el valor que tiene la Constitución... Un demócrata no se entrega a un dictador'.

A Rosales, político de vieja guardia que procede de los restos de la IV República y del clientelismo político, se le acusa de enriquecimiento ilícito durante su etapa como gobernador de Zulia. El líder del partido social-cristiano Un Nuevo Tiempo no pudo justificar un informe de la auditoría patrimonial, aunque su defensa asegura que los tribunales no aceptaron los libros contables con sus ingresos e impuestos. Rosales no ha podido demostrar cómo ha adquirido siete viviendas, un centro comercial y RT International Group, empresa a la que entregó, según la Fiscalía, 31 millones de dólares.

En las investigaciones de la Fiscalía, se destacan la evasión fiscal de la lotería (ocho millones de dólares), compras de mansiones en Estados Unidos, depósito ilegal de divisas en el extranjero y donación fraudulenta de 200 vehículos durante sus años al frente de la Gobernación del Zulia.

Se trata sin duda de acusaciones de peso, que podrían llevar a Rosales a prisión durante diez años. Pero su futuro inmediato está ahora en manos de Alan García, presidente peruano que en los últimos tiempos ha mejorado sus relaciones con Chávez, tras unos inicios tumultuosos. De hecho, José Antonio García Belaunde, canciller peruano, interrumpió una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima para enfatizar que Perú 'no puede ser usado como plataforma política por ningún extranjero, porque ello viola la naturaleza misma del asilo'.

El Gobierno peruano tiene dos semanas para responder a la solicitud de Rosales, que puede convertirse en algo más que un dolor de cabeza. Una solicitud que la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, considera que vulnera la Convención de Asilo Político. 'Rosales no está siendo procesado por ningún delito político, sino por enriquecimiento ilícito', declaró en Caracas. La Justicia venezolana ha emitido una orden de captura internacional contra el líder opositor.

Rosales ha fichado como abogado defensor a Javier Valle, uno de los juristas más prestigiosos de Perú. Diputado del APRA de García, presidente del Consejo de Ministros durante parte del Gobierno de Fujimori, ha defendido a la televisiva Laura Bozzo y al propio Ollanta Humala. Un camaleón político que conoce los mecanismos del poder.