La Fiscalía de Israel espera que el Gobierno de España impida la investigación de un juez español sobre el ataque en Gaza que costó la vida en 2002 a 14 civiles y un dirigente de Hamas y en la que está involucrado el ministro de Comercio israelí, Benjamin Ben-Eliezer.

'Sentimos que el juez haya emitido una decisión que contraviene la clara posición del Gobierno español', manifestó la Fiscalía en un comunicado difundido por el portavoz del Ministerio de Justicia israelí tras conocerse hoy la decisión del juez español Fernando Andreu de continuar con la investigación.

'El inicio en España de un juicio por parte del Centro Palestino de Derechos Humanos es una estrategia cínica y un intento de explotar el sistema judicial español para avanzar una agenda política contra Israel', reza el escrito.

A la iniciativa del Centro Palestino de Derechos Humanos se sumaron como acusación popular la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Arabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Arabe.

Desde el primer momento la decisión ya indignó a Israel, que definió la querella de 'delirante' .

Según la nota, la Fiscalía 'está convencida de que el Gobierno español y el sistema judicial harán lo posible para que esto no tenga éxito' y la decisión de seguir adelante con el juicio, 'será rechazada tras la apelación por parte de la fiscalía'.

El ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo hoy que pedirá al Ejecutivo de Zapatero que frene la investigación y reiteró que el Ejército israelí es 'el más moral del mundo'.

'Pienso apelar al ministro de Exteriores español (Miguel Ángel Moratinos) y, si fuera necesario, al primer ministro español (Jose Luis Rodríguez Zapatero), que es compañero mío en la Internacional Socialista para que anulen la decisión', dijo Barak, según informa el diario Haaretz en su versión digital.

El portavoz del ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, calificó de 'maniobra política' la investigación española.

Entre los siete responsables y militares israelíes a los que el juez Fernando Andreu quiere procesar por su presunta implicación en el ataque de 2002 figura el entonces titular de Defensa y actual ministro de Comercio, Industria y Trabajo, Benjamin Ben-Eliezer.

Los otros seis son el jefe de la Fuerza Aérea, Dan Halutz, el general Doron Almog, el asesor Giora Eiland, el secretario de Ben-Eliezer, Michael Hertzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del servicio de Seguridad.

El magistrado Andreu decidió hoy proseguir la investigación tras considerar que, en contra de lo alegado por la fiscalía, el Gobierno israelí no ha abierto ningún procedimiento para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque.

Además del líder islamista Salah Shehadeh, el bombardeo de hace siete años costó la vida a catorce civiles, nueve de ellos menores.

La prensa israelí asegura que la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, contactó a su colega español, Miguel Angel Moratinos, al iniciar Andreu la investigación el pasado 30 de enero.