En los próximos días, el gobierno de Barack Obama tomará una decisión sobre los juicios pendientes contra algunos prisioneros de Guantánamo. El pasado enero, en un gesto altamente simbólico, el presidente estadounidense suspendió las 'comisiones militares', creadas por el Gobierno de George Bush para usar pruebas conseguidas bajo tortura, prometiendo romper radicalmente con las prácticas de su predecesor. En estos meses, sin embargo, el entusiasmo del nuevo equipo se ha diluido en unas deliberaciones extremadamente opacas en las que se contempla incluso mantener una versión edulcorada de estos tribunales especiales.

El plazo que Obama se impuso para examinar los historiales de los más de 240 detenidos acaba a finales de la semana que viene. Todo parece indicar que, ante la tremenda complejidad del asunto, el gobierno pida ampliar el plazo otros 90 días.

La semana pasada, el secretario de Defensa, Robert Gates, aseguró que todavía no se había tomado ninguna decisión y que 'todas las opciones' estaban sobre la mesa, incluidas las comisiones. Unos días más tarde, Eric Holder, el fiscal general cargo equivalente al de ministro de Justicia, precisó que estas 'serían muy diferentes de las que se crearon' en 2006.

Los juicios ya no se celebrarían en Guantánamo sino en territorio estadounidense. Entre 50 y cien detenidos, incluidos los principales sospechosos del 11-S, podrían entrar en esta categoría. La Casa Blanca, publicó ayer el Wall Street Journal, también está barajando la alternativa de encarcelarlos indefinidamente, sin proceso legal. 'Tomaremos las decisiones caso por caso', se limitó a explicar Holder.

'Eso sería una traición', dice tajantemente el comandante William Kuebler, abogado del niño soldado Omar Khadr, que como todos sus colegas pide simplemente que se trasladen los juicios al sistema federal. Obama, añade Kuebler, 'ha despertado expectativas de cambio y prometido que haría respetar la ley. Crear otro sistema paralelo sería totalmente contrario a lo que anunció'.

Si el Gobierno 'hubiera querido acabar de verdad con las comisiones militares, hubiera abandonado todos los cargos contra los sospechosos para empezar desde cero, como se lo pedimos en su momento. Pero no lo hizo', opina su jefe directo, el coronel Pete Masciola, que coordina la defensa de los 22 casos pendientes.

Ninguno de los letrados ha sido informado de las deliberaciones del equipo de Obama que transcurren en el máximo secreto. 'Lamentamos mucho la falta de transparencia del Gobierno', dice Masciola. 'Han dado muy pocas pistas sobre lo que piensan hacer', añade Kuebler.

El proceso es tan opaco que nadie sabe muy bien quién compone la task force, el grupo de trabajo encargado de examinar los casos 'que no pueden ser repatriados y que suponen un serio peligro para EEUU'.

El único nombre conocido es el de su responsable, Matt Olsen, uno de los fiscales de la oficina de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, que coordina a especialistas del Pentágono, del Departamento de Estado y de la Oficina de Seguridad Nacional.

Como pasó con la desclasificación de los informes de la CIA, Justicia y Defensa, no están en sintonía. Uno de los temores de los sectores más conservadores es que los principales sospechosos sean sentenciados a penas menores de las previstas, dado que los tribunales militares o civiles no admiten pruebas conseguidas bajo tortura.

Si el Gobierno de Obama, no tiene intención de usar estas pruebas ¿Cuál sería su argumento para mantener unos tribunales tan polémicos, a riesgo de socavar su gesto más simbólico? 'Una de las razones podría ser utilizar denuncias de otros prisioneros o rumores', dice Stacy Sullivan, experta en terrorismo de Human Rights Watch.

Masciola opina que el Gobierno intentará mantener el secreto de los informes de la CIA. 'Pero la verdad es que tampoco me convence. Es la lógica de Dick Cheney cuando dice que todo el mundo haría como él si supiera lo que él sabe. A mí no me sirve, porque no sé lo que sabe. Así que, sinceramente, no entiendo de lo que me están hablando'.