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SERGIO RODRÍGUEZ - CIUDAD DE MÉXICO - 05/12/2007 19:34

La crisis de legitimidad de las instituciones que conforman los tres poderes de la República mexicana alcanzó una nueva cima el pasado 29 de noviembre. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por exonerar al Gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido que gobernó en México entre 1929 y 2000.

Marín estaba acusado de organizar la detención ilegal durante más de 20 horas de una periodista que había denunciado una red de pederastia en la que están presuntamente implicados muchos políticos y empresarios amigos del gobernador. Para muchos ciudadanos, la resolución que libra de cualquier responsabilidad al gobernador Marín es una muestra más de la impunidad de la que goza la clase política mexicana.

"Estos ministros -como se denomina en México a los magistrados- son tan criminales como los directamente involucrados", comentaba indignada una representante del movimiento de gays y lesbianas tras conocer la decisión judicial que calificó de "infamia".

Lo que se estaba juzgando eran las violaciones a la libertad de expresión y a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, de 44 años. Cacho descubrió la existencia de una red de pederastas que involucraba a empresarios, funcionarios públicos -entre otros el actual gobernador de Puebla-, jueces y jefes policiales. Lo documentó todo en el libro Los demonios del Edén.

Según Cacho, la red estaba encabezada por el empresario textil Jean Succar Kuri, nacido en Líbano hace 63 años, pero afincado en México durante décadas. En su residencia, en el Estado de Quintana Roo, Succar Kuri explotaba sexualmente a niñas menores de edad.

Una de las víctimas llegó a denunciarlo y grabó una conversación muy comprometedora para el empresario, aunque más tarde la joven se retractó. Cacho habla así de ella en su página web: "Edith Encalada fue la primera víctima que tuvo la valentía de denunciar a Jean Succar Kuri por los delitos de violación, corrupción de menores y pornografía infantil. Yo sigo considerando que fue una heroína por atreverse a retar a su verdugo, gracias a ella otras víctimas se atrevieron a detener a este pederasta que, sin el menor empacho, confiesa ante la propia Edith, en el ya famoso vídeo mostrado en los noticieros, que le gusta violar a pequeñas hasta de cuatro años".

Otro empresario textil de Puebla de origen libanés, Kamel Nacif, formaba parte de la red. Cuando Succar Kari, que al destaparse el escándalo había huido Estados Unidos, fue detenido por la Interpol y extraditado a México, Nacif se fue a ver a otro amigo, el gobernador de Puebla Mario Marín. Utilizando su amistad con él, Nacif logró que un grupo de policías judiciales se trasladaran a Quintana Roo y detuvieran a Lydia, sin orden judicial alguna. Tras un viaje de pesadilla que duró 20 horas y durante el cual utilizaron contra ella la violencia, por ejemplo poniéndole una pistola en la boca, y la amenazaron varias veces con asesinarla, Cacho fue finalmente encarcelada en la ciudad de Puebla.

"Mi gober precioso"

Hay vídeos y grabaciones que prueban la existencia de la red de pederastia. Hay testimonios y grabaciones que muestran la complicidad y el abuso de poder del gobernador de Puebla.

Miles de mexicanos escucharon, por ejemplo, la conversación grabada -y difundida por el diario La Jornada- entre el gobernador y el empresario. En ella, el político informaba a su amigo de que ya habían detenido a "esa pinche vieja y le habían dado sus coscorrones". El empresario, por su parte, se lo agradecía, le prometía dos botellas de coñac y lo llamaba "mi góber precioso", una frase que se ha hecho famosa en todo México. Toda la conversación, salpicada de grandes risas y referencias sexistas, es un monumento a la corrupción y a la impunidad.

Sin embargo, la Corte Suprema falló, en primer lugar, que no podía manifestarse sobre la existencia de la red de pederastia y, en segundo lugar, que no había elementos para considerar que el gobernador Marín hubiera actuado en complicidad con el empresario Nacif para conculcar las garantías individuales de la periodista.

"Me parece grave la resolución de la Corte por las consecuencias que tiene a futuro", dijo Lydia Cacho al enterarse de la resolución judicial. "Lo más significativo de la votación fue la risa de alegría, de goce, de desparpajo... la carcajada que expresó el ministro presidente (Guillermo) Ortiz Mayagoitia minutos después de dar su voto de calidad... La Corte ha avalado la impunidad y ha avalado la corrupción entre un gobernador y un protector de una red de pornografía y de pederastas", añadió.

Indignación nacional

Unos días antes del fallo judicial, el gobernador Marín dio una "conferencia magistral" en su Estado. Habló de la rectitud, la moral y la honestidad.

Tras la decisión de la Corte Suprema, el Partido de Acción Nacional (PAN) ha anunciado que promoverá, junto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se tomen medidas en el Parlamento, según informaciones de los diarios El Universal y La Jornada. En concreto quieren que una comisión de la Cámara de Diputados determine que sí es procedente iniciar un juicio político contra el gobernador Mario Marín, pues, a pesar de la decisión exoneradora de la Corte, hay pruebas de que el "góber precioso" violó los derechos humanos de Cacho y que hubo una acción concertada entre las autoridades de esa entidad y de Quintana Roo para proteger a las redes de pornografía infantil.

La indignación por lo ocurrido es mayúscula en el país. Incluso los periodistas más vinculados a sectores de derecha han admitido que la decisión judicial es inadmisible.

A Lydia le siguen cayendo premios. El pasado octubre recogió el Galardón al Coraje de la Fundación Mujeres en los Medios. Pero vive rodeada de guardaespaldas. Y, de momento, con excepción del extraditado Succar Kuri, ninguno de los políticos pederastas que mencionó en su libro ha sido procesado. Muy pronto se publicará el nuevo libro de Cacho. Se llama Memorias de la Infamia.