Italia vivió ayer un día de máxima expectación mientras los 15 jueces del Tribunal Constitucional se reunían para deliberar sobre si la ley que da inmunidad judicial al primer ministro Silvio Berlusconi se ajusta a la Carta Magna. Si deciden que no es así, se daría vía libre a las causas penales que se acumulan contra él y tendría que sentarse en el banquillo. La sentencia podría darse a conocer hoy, aunque el veredicto también podría demorarse unos días.

La ley, conocida como lodo Alfano, fue aprobada a todo correr en 2008 por la derecha italiana para impedir que su líder fuera procesado. El fiscal de Milán que instruye una de estas causas contra Il Cavaliere, y que ha recurrido la ley al considerarla inconstitucional, Alessandro Pace, recibió ayer un duro golpe cuando el Tribunal rechazó in extremis su participación en la audiencia. Sus argumentos y los de otras dos fiscalías que investigan a Berlusconi los defendió únicamente un magistrado de la sala, el relator Franco Gallo.

Los jueces sí escucharon a los tres abogados habituales de Berlusconi, Niccolò Ghedini, Gaetano Pecorella y Piero Longo, además de a Glauco Nori, abogado del Estado.

El fiscal de Milán abandonó el Palacio de la Corte preocupado. Declaró que dejarlo fuera de la sala 'abre una espiral' negativa que puede conducir a que el Tribunal avale el escudo legal que protege a Berlusconi, en lugar de derribarlo como hizo en 2004. Entonces, el Tribunal anuló una ley que también pretendía blindar al primer ministro, la ley Schifani.

Los abogados del primer ministro sostienen, sin embargo, que la ley Alfano es distinta de la Schifani porque corrige aquellos puntos que fueron considerados inconstitucionales en 2004. La ley Schifani, observan, otorgaba a las cinco principales personalidades del Estado una suspensión 'general, automática y de duración indeterminada' ante cualquier juicio.

En cambio, la ley Alfano sólo protege a cuatro altos cargos mientras dure su mandato. Además, según el letrado Ghedini, 'la ley es igual para todos, pero no siempre su aplicación'. 'No es una ley de inmunidad', aseguró la defensa del jefe del Gobierno.

El abogado del Estado añade que la suspensión de los juicios es 'un daño menor' preferible a tener a un primer ministro más pendiente de los juicios que de gobernar.

La clase política siguió ayer la sesión con ansia. Mientras que el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, puso en tela de juicio la neutralidad de la Corte al asegurar que una anulación sería 'una decisión política', el candidato a liderar el Partido Demócrata, Pier Luigi Bersani, pidió respeto y serenidad.