El Gobierno asume que las medidas que quiere implantar en Europa para luchar contra los malos tratos a las mujeres, durante su presidencia de la UE en 2010, cuentan con la oposición de la mayoría de gobiernos de los países miembros, de corte predominantemente conservador.

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, sostuvo ayer, en un encuentro organizado por el PSOE sobre las iniciativas de la UE contra la violencia de género, que los ejecutivos europeos 'no quieren medir el problema'. 'No hay países, ni siquiera Suecia [que ahora preside la UE], que quieran visualizar el tema', explicó. 'Parece que los suecos no quieren hablar de [Stieg] Larsson', ironizó.

El paquete de propuestas que el Ejecutivo socialista ha anunciado que quiere exportar a la UE incluye la creación de un Observatorio contra la Violencia de Género apoyado en el ya constituido Instituto Europeo de Género, la puesta en marcha de una directiva comunitaria que contribuya a erradicar esta lacra social, y fijar una orden de protección antimaltrato que cuide a todas las víctimas a lo largo y ancho del territorio comunitario. 'Hay resistencia para desarrollar estas tres propuestas. La mayoría conservadora se niega a poner sobre su agenda política este problema', afirmó Martínez.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, añadió en este sentido que 'Europa es un país de derechas y los gobiernos adoptan posturas cómodas', que no permiten avanzar en la lucha contra la violencia de género.

Uno de los principales obstáculos es 'la negativa sistemática del Partido Popular Europeo a aprobar resoluciones sobre temas de género', afirmó la diputada socialista en el Parlamento Europeo María Muñiz de Urquiza.

Según comentó la parlamentaria, los populares europeos votaron 'de manera dividida' una resolución que finalmente respaldó la Comisión de la mujer que apoyaba 'cuestiones obvias': la creación de una base jurídica comunitaria para luchar contra todas las formas de violencia; hacer una declaración acerca de que la violencia de género 'afecta a las mujeres independientemente de su condición social, edad, origen, nivel cultural etcétera'; pedir a los estados mejorar sus leyes nacionales; además de establecer quiénes son los grupos más vulnerables inmigrantes, refugiadas, discapacitadas, pobres o residentes en zonas rurales.

La resolución rechazada por los conservadores incluye además medidas especiales de protección a las víctimas y que garanticen su acceso a una asistencia jurídica gratuita; así como la celebración de una conferencia de alto nivel y fijar un Año Europeo de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, insistió por su parte en que 'erradicar la violencia de género no es una utopía'. 'El Gobierno de España va a seguir trabajando como si nos fuera la vida en ello, porque para muchas mujeres es una cuestión de vida o muerte', concluyó.