Libertad de expresión y de manifestación. Separación de poderes. Una democracia en la que tengan cabida varios partidos políticos y no sólo el Partido Comunista Chino. Estas y otras demandas fueron reunidas en el llamado Manifiesto 08 y firmadas por el disidente Liu Xiabo y otras 300 personas. La respuesta del Gobierno chino fue expeditiva. Liu fue detenido y la semana pasada escuchó de pie ante un tribunal de Pekín su sentencia: 11 años de prisión por 'incitar a la subversión del Estado', la condena más larga aplicada por este delito desde que fue creado en 1997, en sustitución de la 'actividad contrarrevolucionaria' que se aplicaba en los tiempos de Mao Zedong.

Amnistía Internacional (AI) considera a Liu un preso de conciencia, como denomina a las personas encarceladas por sus convicciones políticas o religiosas, o por su origen étnico o situación, y que nunca han recurrido a la violencia ni propugnado su uso.

Liu es uno de los muchos disidentes que pasarán la Nochevieja entre rejas en el país que AI considera el campeón mundial en violaciones de los derechos humanos.

'Los Juegos Olímpicos de 2008 fueron un hito en China, pero su creciente peso no se está viendo reflejado en el plano de los derechos humanos', señala la organización. 'Se sigue acosando de forma constante a los activistas de derechos humanos, se sigue empleando la pena de muerte China es el país que más personas ejecuta del mundo y alrededor de 400.000 personas siguen recluidas en campos de reeducación, sin juicio previo'.

Según la Fundación Dui Hua, una institución no gubernamental dedicada a investigar los casos de presos políticos, el número de detenciones y sentencias contra opositores se duplicó en el país asiático en 2008. Si en 2007 fueron 742 los arrestos y 619 las condenas por 'poner en peligro' o 'subvertir la seguridad del Estado', acusación habitual contra disidentes políticos y religiosos en China, esas cifras fueron, respectivamente, 1.712 y 1.407 en 2008. El cómputo de 2008 cuadruplica el de 2004, cuando los arrestos de activistas fueron 426.

'No importa lo represivo que sea el Gobierno, el dinero fluye hacia Etiopía'

China lidera desde hace años la clasificación de regímenes que violan los derechos humanos, pero en 2009 también ha empeorado la situación en países como Irán. 'La escala de represión para acallar las protestas por el anuncio de Mahmud Ahmadineyad como ganador de las elecciones de junio 2009 no tenía precedentes desde el nacimiento de la República Islámica de Irán en 1979', subraya AI.

Hubo decenas de muertos. La oposición habla de más de 70 y las autoridades detuvieron a 4.000 personas, muchas de las cuales fueron torturadas. Se estima que 200 personas permanecen en prisión.

La semana pasada, los incidentes y la represión durante las celebraciones religiosas de la Ashura causaron más de una decena de muertos. Los arrestos se cuentan de nuevo por centenares.

El encarcelamiento de opositores ha pasado más desapercibido en países como Etiopía. El 22 de diciembre, cinco militantes, cuatro de ellos en ausencia recibieron condenas de muerte y otros 33 fueron sentenciados a cadena perpetua. El Estado los acusaba de 'conspirar para derrocar por la fuerza al Gobierno'.

Muchos de ellos participaron con la opositora Coalición por la Unidad y la Democracia en las elecciones de 2005 y denunciaron un fraude electoral que les robó la victoria en muchas localidades, incluida la capital, Adis Abeba. Las protestas callejeras fueron reprimidas y se saldaron con 187 manifestantes muertos. La ola de detenciones y juicios por el delito de traición se ha extendido a lo largo de los últimos años.

Aminatu Haidar vive bajo arresto domiciliario desde su regreso

Algunos de los condenados fueron perdonados y se han exiliado. Otros, como la líder opositora Birtukan Mideksa, volvieron a ser arrestados y languidecen en prisión. El también opositor Melaku Tefera escuchó el pasado 22 su sentencia a muerte.

Las organizaciones de derechos humanos están especialmente preocupadas por la situación de represión política en Etiopía, sobre todo teniendo en cuenta que deben celebrarse elecciones generales de nuevo este año. Amnistía ha alertado de que se están practicando nuevos arrestos, y varios detenidos lo han sido 'exclusivamente por sus lazos familiares con hombres que han manifestado su oposición política al Gobierno'.

Human Rights Watch (HRW) ha acusado a la Unión Europea de mirar para otro lado y no tratar las violaciones de derechos humanos en Etiopía con el mismo rasero que con Zimbabue. 'No importa lo represivo que sea el Gobierno, vastas sumas de dinero continúan fluyendo hacia Etiopía', señala HRW.

La reclusión de seres humanos por sus ideas no sólo se traduce en su encarcelamiento. También adquiere a veces la forma del 'arresto domiciliario', como, por ejemplo, el que padece Aminatu Haidar, según el movimiento saharaui de derechos humanos. Desde su regreso a El Aaiún el 17 de diciembre, la Policía cerca su casa y sólo le permite recibir visitas de sus familiares más cercanos.

Nada más llegar al Sáhara, Haidar aludió también a la situación de sus compatriotas en prisión por motivos de conciencia y pidió a la plataforma Todos con Aminatu que 'asuma su causa'.

Según Amnistía, la represión en Irán es la más grave desde 1979

La activista recordó especialmente a los siete saharauis que fueron detenidos el 8 de octubre en la escalerilla del avión que los traía de vuelta de Argel. Sólo por haber visitado los campamentos de refugiados de Tinduf, estos siete activistas comparecerán ante un tribunal militar marroquí acusados de 'traición'. Este delito puede ser castigado incluso con la pena capital, aunque Marruecos no ejecuta a ningún condenado desde 1993.

Hay otra categoría de presos que vivirá el inicio del año desde su cautiverio. No son presos políticos, ni presos de conciencia. Son los presos del limbo de Guantánamo.

Aunque el presidente estadounidense, Barack Obama, prometió cerrar el penal para la categoría de enemigos combatientes inventada por su predecesor, las autoridades han reconocido que les será imposible cumplir el plazo prometido de enero de 2010.

Encarcelada en su propia casa. Sin poder salir, ni recibir visitas, ni hablar por teléfono. Así ha pasado 14 de los últimos 20 años la principal opositora birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, por orden de la Junta Militar que gobierna con mano de hierro el país asiático. En agosto, su arresto domiciliario se prorrogó otros 18 meses, por haber acogido en su casa a un estadounidense que cruzó a nado el lago al que se asoma su residencia, y la Nobel birmana está ahora a la espera del resultado de la apelación. En el último mes, la cúpula militar ha insinuado que “hay un plan para liberarla en breve” y le ha permitido reunirse con tres miembros de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. Hasta entonces, se mantendrán los llamamientos a su liberación, apelando a su precario estado de salud.