El enfrentamiento del Gobierno argentino con el gobernador del Banco Central, a quien cesó el jueves, y con la Justicia, que anuló la destitución horas después, se intensificó ayer, cuando la jueza que lleva el caso convirtió en ordinarios dos recursos interpuestos por el Ejecutivo de Cristina Férnandez de Kirchner.

El Gobierno había presentado este sábado dos recursos de amparo contra dos resoluciones de la jueza María José Sarmiento, pero la magistrada, al convertir las causas en 'ordinarias', las libera de la urgencia que imponen los recursos de amparo.

Fernández ordenó que se usaran parte de las reservas para pagar la deuda

Nadie calculó el alcance de la crisis institucional que desataría una medida económica, que ha puesto en jaque a los tres poderes del Estado. El Ejecutivo decidió utilizar las reservas del Banco Central para asegurar el pago de la deuda. Los vencimientos de la deuda nacional en 2010 alcanzarán los 13.000 millones de dólares. Desde la crisis financiera de 2001-2002, Argentina ha sufrido el aislamiento en los mercados internacionales. El Gobierno de los Kirchner últimamente intenta recuperar la confianza de los inversores extranjeros en el país.

Por ello, Cristina Fernández, había ordenado que se emplearan 6.500 millones de las reservas del Banco Central de un total que roza los 48.000 millones para la creación del llamado Fondo Bicentenario que sirviera de garantía ante las obligaciones financieras.

El gobernador del banco emisor, Martín Redrado, se opuso, y también se resistió a renunciara al cargo tal como le pedía Fernández. Ante la negativa, la mandataria emitió un decreto de necesidad y urgencia (similar al decreto ley en España) por el que cesaba en sus funciones al gobernador. Además, interpuso una denuncia judicial contra Redrado 'por incurrir en mala conducta, en incumplimiento con los deberes de funcionario público', según consta en la ordenanza .

La oposición acusa al Ejecutivo de atropellar al Congreso

Horas más tarde, la jueza Sarmiento tomaba dos medidas: suspendía el decreto por el que se instauraba la creación del Fondo Bicentenario; y, en segundo lugar, bloqueaba la resolución presidencial que destituía a Redrado.

El Congreso, de mayoría opositora, pugna ahora por hacer un paréntesis en las vacaciones estivales y marcar también el rumbo de este proceso. Los opositores acusan al Poder Ejecutivo de atropellar al Congreso. Legalmente, el Poder Legislativo debe participar de decisiones sobre la deuda y sobre el cese de un jefe de la autoridad monetaria.