La Ley de Amnistía brasileña no será revisada de momento. Así lo ha decidido el Supremo Tribunal Federal (STF), equivalente al Tribunal Constitucional español, al rechazar tocar una norma de 1979, que, aprobada en plena dictadura militar, eximía de responsabilidades penales a quienes cometieron 'crímenes políticos o por motivación política'.

Siete de los nueve magistrados votaron en contra y dos a favor de que aquellos que torturaron o mataron durante el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 sean juzgados, como pedía la Orden de Abogados de Brasil (OAB).

La mayoría del STF entiende que la amnistía no puede ni debe ser revisada. 'Llevaría a la inestabilidad institucional', destacó el juez instructor del caso, Eros Grau, quien sufrió en sus propias carnes las torturas de los agentes del régimen. Aunque apuntó que los crímenes no deben ser olvidados, destacó la importancia que tuvo la amnistía para la restitución de la democracia. Argumentó además que 'sólo el Congreso está autorizado para reescribir las leyes de amnistía'.

Algunos magistrados añadieron que, de todos modos, los crímenes habrían prescrito, pues el plazo máximo de prescripción en Brasil es de 20 años para los delitos de homicidio. Sin embargo, esta tesis es contraria a la caducidad de los crímenes de lesa humanidad que defienden los tratados internacionales.

El presidente de la OAB, Ophir Cavalcante, parecía poco satisfecho con los argumentos de los magistrados: 'Estoy escuchando el mismo discurso de aquella época: el discurso del miedo', comentó a la Folha de São Paulo. El principal argumento de la Orden de Abogados para pedir la revisión de la ley era que la Constitución brasileña establece que los 'crímenes hediondos', entre ellos la tortura, no son susceptibles de amnistía.

Sin embargo, el Supremo no alcanzó la unanimidad que muchos habrían querido. El magistrado Ricardo Lewandowski abrió la divergencia en el alto tribunal, y creó malestar entre algunos de sus colegas, cuando sostuvo que la Justicia debe analizar 'caso por caso' la punición de los torturadores, para dirimir si se trató de crímenes políticos o delitos comunes. 'Lo que estoy diciendo es que no existe automatismo en la aplicación de la ley', explicó. Su colega Ellen Gracie, aunque votó en contra de tocar la amnistía, aclaró que este fallo no tiene nada que ver con el acceso a los archivos de la dictadura, objeto de otra acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, quienes abogan por la depuración de responsabilidades en Brasil no lo tienen todo perdido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos podría condenar a Brasil por más de 70 casos de desapariciones y torturas entre 1972 y 1975. El caso se analizará el 20 y el 21 de mayo.