Los últimos días de Álvaro Uribe como presidente de Colombia, rutilante en sus intervenciones europeas de estos días, se le están complicando en casa con el estallido del DAS-gate: la aparición de pruebas y testimonios de que los servicios secretos colombianos (DAS), cuyo director responde personalmente ante la Presidencia, se han dedicado a espiar ilegalmente a magistrados, periodistas y defensores de los derechos humanos, e incluso ordenó el asesinato de opositores molestos mediante la entrega de listas negras a los jefes paramilitares.

Por primera vez, la fiscalía ha llamado a declarar como investigados por actividades criminales a miembros del círculo más íntimo de Uribe. Ya lo ha hecho con la citación para que declare en los próximos días el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y se espera que lo haga hoy con el secretario jurídico del presidente, Edmundo del Castillo. Ambos han sido señalados por algunos de los altos jefes del DAS, presos que ahora se han acogido al 'principio de oportunidad' (declarar la verdad a cambio de beneficios procesales), como los instigadores de seguimientos ilegales y de fabricación de pruebas falsas, para cuyos objetivos les citaban directamente en el Palacio de Nariño, a escasos metros del despacho de Uribe.

Uno de los objetivos era buscar material contra los jueces de la Corte Suprema

Una de las operaciones más 'sensibles', según las declaraciones de altos cargos, como el ex jefe de inteligencia Fernando Tabares, era la de indagar sobre posibles 'debilidades' privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia juris-diccional colombiana, encargados de investigar a Mario Uribe, primo del presidente y acusado de crímenes vinculados al paramilitarismo.

A los directivos del DAS se les daba las instrucciones en reuniones privadas en la sede presidencial. Allí se les hacían los encargos de operaciones ilícitas y se les exigía resultados. También se les ordenaron seguimientos a opositores, como el hoy candidato presidencial del Polo, Gustavo Petro, y la senadora Piedad Córdoba, incluyendo la fabricación de pruebas para vincularlos a la guerrilla de las FARC.

Uno de los procesados más importantes de la trama tenebrosa de los servicios secretos dependientes de la Presidencia es José Miguel Narváez, quien ha simultaneado en los últimos años los cargos de asesor del Ministerio de Defensa y subdirector del DAS, con la asistencia ideológica a los jefes del paramilitarismo. Algunos, como Salvatore Mancuso, hoy preso en EEUU, recuerdan su ciclo de conferencias en haciendas latifundistas controladas por los paras, con el título Por qué es lícito matar comunistas en Colombia. Narváez, creador del G-3, grupo especial de inteligencia dedicado a escuchas ilegales y guerra sucia en general, declaró ayer en el juicio que se sigue contra el antiguo jefe de los servicios secretos, Jorge Noguera, hombre de la mayor confianza de Uribe, que en el DAS 'funcionaba una sala técnica al servicio de las Autodefensas'.

Ecuador vuelve a solicitar la extradición del candidato Santos

La declaración del ex alto cargo de la inteligencia colombiana coincide con la que están efectuando en 'versión libre' ante la Fiscalía de Justicia y Paz los ex jefes paramilitares del Bloque Centauros conocidos con los alias de Don Mario, Pirata y Chatarro, que han aportado a los jueces una serie de nombres de oficiales del DAS que les indicaban las operaciones a realizar contra líderes campesinos o defensores de los derechos humanos, a cambio de la impunidad. Incluso, según declaró uno de los jefes del paramilitarismo en la zona de los Llanos Orientales, agentes del DAS y paras establecieron operaciones conjuntas para el robo de varias toneladas de cocaína.

Todas estas pruebas sobre la dirección desde Presidencia de las escuchas ilegales y del trabajo sucio del DAS han adquirido una presencia inevitable en el último tramo de la campaña electoral colombiana, deteriorando la imagen del candidato Juan Manuel Santos, que se presenta como heredero del uribismo. Para el candidato liberal Rafael Pardo, 'está demostrado que fue desde el Gobierno [de Uribe] desde donde se dirigieron las escuchas ilegales'.

Por otra parte, desde la Fiscalía General de Ecuador se ha reavivado la petición de extradición de Santos como responsable, cuando era ministro de Defensa, del bombardeo del campamento del dirigente de las FARC Raúl Reyes, en territorio de Ecuador, que mató a 22 personas, entre ellas un ecuatoriano. Tanto el presidente Rafael Correa como el venezolano Hugo Chávez han declarado que una posible victoria de Santos en las elecciones presidenciales del próximo día 20 dificultarían aún más las relaciones de Colombia con sus vecinos más próximos, prácticamente rotas.