El Gobierno argentino desencadenó ayer su mayor ofensiva contra el diario Clarín desde que los Kirchner llegaran al poder en 2003. A pocos días de que el Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández cancelase la licencia de la operadora de Internet Fibertel, del grupo Clarín, el Ejecutivo se lanzó en tromba no sólo contra el mayor grupo mediático de Argentina sino también contra La Nación, uno de los diarios más vendidos del país.

El Gobierno presentó un informe para acusar a los dos periódicos de tirada nacional, junto a La Razón, de haber comprado de forma ilegal durante la dictadura (1976-1983) las acciones de Papel Prensa, el mayor fabricante de papel para diarios del país. Clarín es su accionista mayoritario, con el 49%, mientras que el Estado tiene el 27,46%, y La Nación, el 22,4%. El Gobierno pretende demostrar con el informe Papel Prensa, La Verdad que existen 'pruebas irrefutables de la complicidad que existió entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en el momento en que se produjo el traspaso de las acciones de Papel Prensa', afirmó la directora estatal de esa empresa, Beatriz Paglieri.

El Ejecutivo aduce que Papel Prensa se vendió bajo presión de la dictadura

En el informe, se incluye el testimonio de la viuda del banquero David Graiver, que fue accionista de Papel Prensa, Lidia Papaleo, quien traspasó sus acciones a esos tres diarios, y ahora denuncia que en noviembre de 1976 fue forzada a venderlas bajo torturas y amenazas de muerte por parte del director de Clarín, Héctor Magnetto, y de la dictadura.

En un comunicado conjunto, Clarín y La Nación denunciaron las acusaciones del Gobierno como 'una historia inventada', y aclararon que los Graiver fueron detenidos cinco meses después de la venta de Papel Prensa y por 'imputaciones ajenas a este tema'.

Así fue. La dictadura los detuvo en 1977 porque los acusó de pertenecer a la guerrilla Montoneros. Además, Clarín y La Nación también remarcan que en todo este tiempo Lidia Papaleo nunca había mencionado 'presión alguna de los diarios'. Mientras que 'la operación fue absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época'

'Clarín' y 'La Nación' denuncian que la acusación es una 'historia inventada'

También señalan que lo que en realidad pretende el Gobierno es dominar la fábrica de papel prensa, que abastece a unos 170 diarios en todo el país, para así controlar la información. Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, declaró a Público que esperaba la publicación del informe para estudiar los pasos a seguir. 'Pero es una historia inventada sobre cómo se hizo la transferencia de las acciones, disfrazando una cuestión que esconde la voluntad del Gobierno de controlar a los que no le son adictos. Esto forma parte del plan', explicó.

Tras difundir el informe, elaborado por el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el Gobierno va a demandar a Clarín y a La Nación. Pero la Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó ayer que no hay sustento para permitir la intervención judicial en Papel Prensa que pretende el Ejecutivo.