El presidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió ayer en que lo ocurrido el pasado jueves durante la revuelta policial que le mantuvo retenido durante 11 horas por policías sublevados constituyó un intento de golpe de Estado y que su muerte estaba entre los objetivos de los golpistas. Lo hizo ante los ministros de Exteriores de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que le visitaron en Quito para mostrarle su apoyo ante la crisis, la peor que ha vivido Correa desde que llegó al poder en 2005. El presidente ecuatoriano les dijo que los sublevados querían causar un levantamiento general de la policía y los militares, lo que hubiese llevado al país a un caos social. Cuando 'les falla esa estrategia de desestabilizar al Gobierno, entonces el plan B' era matar al presidente', dijo.

El Gobierno profundizó ayer la limpieza de la Policía y cambiaba a toda la cúpula seis generales salían, cuatro les relevaban, mientras el Ministerio de Salud elevaba a ocho el número de muertos en los disturbios, entre policías, militares, estudiantes y civiles. Tres de las muertes se produjeron en Quito y cinco en Guayaquil. Además hubo 274 heridos.

Los enfrentamientos del jueves han dejado una profunda huella en la sociedad ecuatoriana. A medida que pasan los días, varias lecturas de los acontecimientos se imponen, y hay todo un debate en torno a la actitud mostrada por el presidente Correa en la crisis.

Muchos editoriales aseguran que la propia reacción descontrolada del presidente, de acudir el jueves al centro de las protestas, arrancarse la camisa y retar a los policías allí congregados a que lo mataran provocó más a los oficiales y los llevó al descontrol en que derivaron los acontecimientos.

Citado en el diario El Comercio, el coronel del Ejército Galo Monteverde cuestionaba la actitud de Correa. 'Quiere aparecer como un caudillo... como un héroe ante los medios de comunicación y en el exterior', afirma, para luego añadir: 'Esto no fue un golpe de Estado, sino una insurrección de un grupo policial. Se ha exagerado el carácter de esta crisis, que fue provocada por el presidente'.

Según el coronel Monteverde, deberían haber sido los ministros afectados los encargados de acudir a dialogar con los policías y solucionar un problema que no es nuevo. 'El malestar de policías y militares lleva dos años', recordó.

El jueves negro que vivió Ecuador fue el desenlace brutal de varias semanas de tensión. Correa estudiaba disolver la Asamblea, de mayoría oficialista, enfurecido porque los legisladores de su propia fuerza, Alianza País, se negaron a apoyar la ley de austeridad para reducir del tamaño del aparato público. La disolución de la Asamblea permitiría a Correa gobernar por decreto hasta que se convoquen elecciones generales.

El veto del Ejecutivo a las leyes de Educación Superior, Territorial y de Servicio Público aumentó el descontento de sectores que se sentían perjudicados y que no fueron escuchados por el movimiento oficialista. Entre esos figuran los policías que no aceptaron lo que consideran una supresión de sus derechos y beneficios, entre ellos las condecoraciones que cada cinco años recibían y los bonos que les correspondían por los ascensos.