Del pleno del Senado salió aprobada ayer martes la nueva Ley del Servicio Postal Universal, que traspone una directiva europea y que supone una mayor liberalización del sector. Pero la atención se situaba en una enmienda introducida por el PSOE en la Cámara Alta sobre una materia totalmente ajena al funcionamiento de Correos: una ayuda a cuenta de 80,1 millones de euros a nueve  concesionarias de autopistas de peaje con riesgo de quiebra debido a un flujo de tráfico mucho menor de lo previsto.

La enmienda tenía su miga política: era fruto de un pacto con CiU. De hecho, el PSOE, para asegurarse la aprobación de la medida, tuvo que colarla en la Ley Postal, en previsión de que el Senado vetase los Presupuestos de 2011 –donde también había ubicado la modificación–,
como finalmente pasó. César Antonio Rico, el portavoz del PP, reprendió al Gobierno por el procedimiento usado.

El socialista Juan Luis Gordo defendió que “no se da nada” gratis a las empresas privadas, ya que devolverán el préstamo con intereses. Había que dar “respuesta” a un “problema” –agravado por una sentencia del Tribunal Supremo, con unos 'costes muy elevados'–, dijo, y el Ejecutivo lo ha hecho. El senador explicó el procedimiento técnico: se trata de una cuenta de compensación durante tres años, que se financiará con deuda pública. En esos tres años, tienen que devolver lo prestado. CiU apoyó el proyecto en su integridad, y ni siquiera presentó enmiendas en la Cámara alta, recordó Montserrat Candini. Por la izquierda, Xosé Manuel Pérez Bouza (BNG) recordó que hoy hay “sectores tan o más necesitados” que las concesionarias. Al final, el dictamen de la ley, que ahora pasará al Congreso para su aprobación definitiva, quedó validado por 128 votos a favor (PSOE, PSC, CiU, PNV y Mixto), cinco en contra (ERC e IU-ICV) y 120 abstenciones (PP y BNG).

El PSOE justifica la medida por el 'problema' creado; la izquierda dice que hay sectores 'tanto o más necesitados'

En términos generales, on la nueva ley, explicó Gordo tras el pleno, 'se completa la liberalización del sector que arrancó en 1997' y 'prepara a Correos para la competencia'. Se crea además toda una carta de derechos de los usuarios y se regula el servicio postal universal, que se define como el 'conjunto de servicios postales de calidad, prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible' para todos los consumidores. Ello supone, según Gordo, que se asegura 'un servicio postal de calidad a todos los ciudadanos, incluidos los que residan en zonas de baja densidad, principalmente en el medio rural'. 

Correos y Telégrafos es designado como prestador único de este servicio universal por 15 años, revisables cada cinco. Se encargará de los envíos 'no rentables'. Y tendrá garantizado, vía Presupuestos Generales del Estado, el cobro de la cantidad total que suponga 'la diferencia entre sus ingresos por los servicios y productos que venda y el coste real de los mismos'. Los operadores privados, por su parte, también podrán acceder a los servicios interurbanos –hasta ahora monopolio de Correos–, pagando al prestador público 'a precio de mercado', para evitar así que se beneficien de 'subvenciones del Estado', subrayó el senador. Por otro lado, se mantendrá el 'empleo de calidad' en el sector. Apreciación que no comparten los sindicatos. 

La liberalización fue criticada duramente por la izquierda. Joan Josep Nuet, senador de Esquerra Unida i Alternativa (marca de IU en Catalunya), advirtió de que la ley supondrá el 'apagón postal' en España, pues el servicio público se convertirá en algo 'residual'. 'Esto es ideología, de esa que lanza la derecha, de esa que contienen los mercados'. El parlamentario alertó de que se daba curso a una 'política de degradación' que además se traducirá en un 'peligro real' para los 60.000 empleados que Correos tiene hoy día. Similares términos empleó Pere Muñoz, de ERC. Los dos forman parte del grupo de la Entesa Catalana de Progrés (que aglutina a PSC, ERC, ICV y EUiA). 

Son 12 países de la UE que han firmado el protocolo que hará crecer en 18 actas la Eurocámara

El Senado también ratificó por asentimiento –sin ningún debate ni votación electrónica– el protocolo que permitirá a España pasar de 50 a 54 diputados en la Eurocámara (dos del PSOE y dos del PP, según los resultados de los comicios de junio de 2009), en virtud del nuevo Tratado de Lisboa. Los elegidos serán las socialistas Nuria Parlón Gil y Dolores García-Hierro Caraballo y los conservadores Eva Ortiz y Salvador Sedo i Alabart. 

No obstante, los nuevos parlamentarios no se podrán sumar hasta que los 27 estados miembros de la UE lo aprueben. De momento, según un estadillo facilitado ayer por la oficina de la Eurocámara en España (y actualizado a 24 de noviembre), ya habían ratificado esa modificación en el Tratado 11 países (Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, Malta, Eslovaqia, Eslovenia y Suecia). Con nuestro país, ya son 12. Dos de esos 12 Estados, Finlandia y Malta, a la altura del 24 de noviembre, ya habían concluido todo el proceso y habían depositado los documentos de ratificación en Roma.

Cuando culmine el proceso, y antes de que acabe la legislatura en 2014, deberían incorporarse un total de 18 eurodiputados, por lo que la Cámara pasaría de 736 actas a 754. España es la que resulta más beneficiada, pues gana cuatro asientos. Le siguen Austria, Francia y Suecia, con dos escaños; y Bulgaria, Italia, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovania y Reino Unido, con uno. 

La decisión de que la Eurocámara aumentase su tamaño se tomó en 2007, año de creación del Tratado de Lisboa, pero este no entró en vigor hasta el 1 de diciembre de 2009. Es decir, que cuando se celebraron los comicios europeos, en junio del año pasado, el tratado, oficialmente, no estaba aún vigente. De ahí procede el desajuste.