En contra de lo que pudiera creerse, Argentina no es uno de los países más seguros de América Latina. Ese puesto se lo disputan Uruguay, Chile y Costa Rica, aunque Argentina tampoco llega a los niveles de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, los países más peligrosos de la región.

Los hechos delictivos en Argentina no han dejado de aumentar, de acuerdo con el Ministerio de Justicia: en 1991 la tasa de delitos contra personas (sobre todo, robos y atracos) era de 254 por cada 100.000 personas, mientras que en 2008 esa tasa casi se había triplicado. Lo mismo sucede con la tasa sobre los delitos cometidos contra propiedades, que se ha duplicado. Sin embargo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 5,8, una de las más bajas de las últimas dos décadas.

Genera preocupación, de todos modos, la facilidad con la que circulan las armas de fuego. Consciente de ello, el Senado aprobó el pasado 20 de octubre un proyecto de ley sobre control de armas que ahora espera su aprobación en la Cámara de Diputados.

Uno de los principales problemas es la delincuencia juvenil. La mayoría de estos jóvenes vive en las llamadas villas, barrios de chabolas donde el delito y las drogas inciden con más fuerza en una población al margen del sistema. La criminalidad juvenil que proviene de los sectores más excluidos del país es uno de los temas que más controversia política genera en Argentina.

En 2009 el Senado aprobó un proyecto de ley que pretendía bajar la mayoría de edad penal a los 14 años. Esa iniciativa fue rechazada este año por dos comisiones de la Cámara de Diputados, que han planteado un proyecto alternativo: sólo los jóvenes de más de 16 años pueden ser procesados, pero en ningún caso podrán ser juzgados como si fueran mayores de edad. 'Un Estado que hasta los 14 años mira [a los chicos] sin ayudarlos no puede pretender meterlos en el sistema penal una vez cumplen los 14', sostiene el diputado Horacio Alcuaz, uno de los autores del dictamen.